La Generalitat retiró ayer la emergencia 0 del Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana que permanecía activada desde el pasado 1 de octubre en los municipios de Peñíscola, Vinaròs y Benicarló. Aquel día se registró un temblor de tierra de 4,2 en la Escala de Richter, el mayor de todos los detectados desde el pasado 5 de septiembre, cuando empezaron los primeros movimientos sísmicos.
El Consell adoptó ayer esta decisión al constatar la ausencia de seísmos en la zona donde se ubica el almacén submarino de gas Castor desde el 12 de diciembre.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 79 llamadas desde el 5 de septiembre relacionadas con temblores de tierra en la zona del Golfo de Valencia. En este mismo periodo de tiempo se han registrado 528 terremotos, según señalaron ayer fuentes del Consell. Además, la web www.112cv.com ha realizado 15 consultas sobre estos episodios que tanto atemorizaron a los vecinos del Maestrat. Esta herramienta se creó para que los ciudadanos resolvieran sus inquietudes mediante la respuesta, en tiempo real, de técnicos.
El relax en el seguimiento de los temblores de tierra llega pese a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo todavía no ha hecho público el informe que encargó al Instituto Geológico y Minero (Igme) y, posteriormente, a expertos de otros países con más experiencia en sismicidad, según señalaron fuentes del ministerio que dirige José Manuel Soria.
La empresa propietaria de la instalación, Escal UGS, ya reconoció que los de menor intensidad se debieron a la inyección de gas colchón al almacén submarino.
INDEMNIZACIÓN // Si el Gobierno opta por no reabrir la instalación debería indemnizar con unos 1.700 millones de euros a Escal UGS --participada en un 66% por ACS, la constructora de Florentino Pérez-- para cubrir el coste de las obras, la actividad y la compra del gas colchón ya inyectado.
El Tribunal Supremo rechazó el pasado mes de octubre prohibir la cláusula del contrato de construcción y explotación de la planta que obliga al Estado a pagar por las instalaciones aunque hubiese negligencia o dolo por parte de Escal UGS. La Abogacía del Estado había recurrido contra la cláusula al considerarla lesiva.
Los municipios más cercanos a la plataforma marina --los tres de la provincia más Alcanar, Ulldecona y Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona-- activaron a mediados de diciembre la comisión de seguimiento que pretende velar para que se desmantele la instalación, sin actividad alguna desde el pasado 26 de septiembre. H
