El fallo del Tribunal Supremo en que señala que corresponde a los clientes el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados frena, de facto, la gran cantidad de demandas que en la provincia se esperaban para reclamar los gastos hipotecarios. El portavoz de la Unión de Consumidores en Castellón, Juan Carlos Insa, es claro: «La avalancha se va a quedar en un riachuelo».

Y es que este impuesto constituye alrededor del 80% del importe a reclamar y, a no ser que se produzca un cambio entre las partidas a exigir --hay sentencias en otras provincias que estiman incluir en los gastos de constitución la comisión de apertura pero esto en Castellón no se ha dado, afirma--, las reclamaciones son inviables económicamente. Y es que no sale a cuenta pagar un abogado con la recuperación económica que se puede lograr.

De esta manera, el millar de demandas que, según sus estimaciones, aproximadamente se han presentado en la provincia quedan en una situación de debilidad y podrían ser retiradas una vez se conozca la sentencia del Supremo. Además, «hay mucha gente que estaba esperando el fallo del Supremo y ahora no sé si presentarán», remarca. Con ello, el juzgado de Primera Instancia nº 6, que se ha especializado en asuntos económicos y ya está colapsado, reducirá sus casos.

No en vano, el fallo del Alto Tribunal ha supuesto «un mazazo» para los afectados, que ven cómo, al contrario de lo que sucedió con los otros casos económicos entre las entidades financieras y los clientes, en este el fallo cae del lado de los bancos y cajas.

Así, a no ser que se recurra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (como ya se hizo con las cláusulas suelo, apunta), esta vía para reclamar podría quedar en punto muerto.

Otro asunto es que los bancos devuelvan por iniciativa propia los gastos que el Supremo sí sentencia que deben retornar. «Sería lo justo», afirma Insa, aunque no confía en ello.