El sector de los talleres de reparación de vehículos en Castellón se desangra por dos vías. La primera, como no podía ser de otra manera, es la inevitable crisis que obliga a los clientes a espaciar al máximo las visitas al mecánico. La segunda va de la mano de la primera, la proliferación de talleres ilegales, que, al calor de unos precios más económicos, proliferan en la provincia y agravan la situación de los que sí tienen su actividad regularizada. Tanto que la asociación Astrauto estima que una de cada cinco reparaciones de automóviles se efectúa en locales pirata. Y otro dato más. La postventa pierde en Castellón casi 12 millones de euros al año por la proliferación de los ilegales, una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que la facturación del sector ha caído casi un 40%.

Aunque la competencia desleal de este tipo de talleres no es nueva, en los últimos años la cifra de quienes trabajan al margen de la ley se ha disparado. Tanto que el sector, que engloba a casi 500 empresas en la provincia, ha detectado solo en el último año 80 locales pirata. “La mayoría están situados en polígonos industriales, algunos trabajan con la puerta cerrada y también hemos detectado casos de mecánicos que actúan cerca de algunos desguaces”, revela Martirián Martín, presidente de Astrauto.

Cada vez que un cliente solicita un trabajo se formaliza la relación entre el taller y el usuario que debe desembocar en la emisión de una factura. En los ilegales, por norma, esto no es así, lo que deja al usuario sin ningún tipo de “garantía”, una cuestión que puede ser de vital importancia en el caso de la reparación de un vehículo. Además, los talleres legales tienen, por ejemplo, la obligación de acreditar la procedencia de las piezas que se han empleado en la reparación. “Sin embargo, uno ilegal puede usar piezas del desguace que no se adecuen” a las características del utilitario, llegando a suponer un peligro para la seguridad vial.

Para hacer frente a la proliferación de quienes trabajan al margen de la ley, Astrauto ha emprendido su particular cruzada. “Hemos ido a visitar a muchos de esos talleres ilegales y a proporcionarles toda la información para que actúen conforme a la ley. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero en iguales condiciones”, argumenta Martí.

El problema empieza a ser de tal magnitud que incluso la propia asociación provincial ha solicitado por carta una reunión al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para solicitarle una solución al problema. H