El presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco, detalló ayer en la Ciudad de la Justicia que la entrada de asuntos en las tres secciones de este tribunal se incrementaron durante el primer trimestre del 2018 una media del 27,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En opinión del magistrado, este aumento se puede deber a varios factores, como por ejemplo una mayor disposición a litigar tras la anulación de varias tasas judiciales o la interposición de más recursos --que son resueltos por la Audiencia-- a consecuencia de registrarse una mayor actividad en la Primera Instancia. «Sin embargo, a veces es difícil saber por qué se producen estos incrementos», reconoció.

Marco detalló que en la sección Primera, la que se ocupa de asuntos penales, el porcentaje de incremento de entrada de asuntos respecto al año pasado alcanza un 30%; en la Segunda, que es de naturaleza mixta y que gestiona asuntos de familia y penales, un 15%; y en la Tercera, dedicada a los ámbitos Civil y Mercantil, un 37%, la que más.

Estos datos avalan los que se recogen en la memoria del ejercicio 2017 --«que hemos presentado muy tarde», reconoció el magistrado--, que ya preveían que «puede esperarse un incremento del ingreso de asuntos».

Una de las medidas que se quiere poner en marcha para un mejor funcionamiento de la Audiencia, que fue «aprobada en la junta de magistrados celebrada el pasado 13 de junio», es incrementar en dos el número de magistrados que se ocupan de resolver recursos en el ámbito Civil, que se unirían a los cuatro que ya se están dedicando a esta tarea en las secciones Segunda y Tercera.

personal ajustado // En oposición a las conclusiones que exponen los responsables de los cinco partidos judiciales de la provincia, Marco, encargado de redactar el informe anual, no aprecia «la existencia de necesidades de medios personales que incrementen los existentes» en la Audiencia Provincial.

Ante una eventual ampliación de la planta judicial, sin embargo, advierten de que «toparía con el obstáculo consistente en la falta de espacio» en la Ciudad de la Justicia, «según en qué consistiera la instalación». «Por ejemplo, sería difícil la habilitación de despachos para los magistrados resultantes de dicha ampliación», manifiesta el magistrado en el informe presentado ayer.