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EDUCACIÓN

El TSJ valora elevar el plurilingüismo al Constitucional

El plan B de la Conselleria para driblar la suspensión cautelar del primer decreto penden de un hilo tras la petición de la Diputación de Alicante

 

El conseller de Educación, Vicent Marzà. - MEDITERRÁNEO

R. D. 20/12/2017

El plan B de la Conselleria de Educación para salvar el plurilingüismo este curso y driblar la suspensión cautelar de su decreto está en la cuerda floja. La Diputación de Alicante ha vuelto a la escena judicial para intentar tumbar el decreto-ley que, en septiembre de este año, a punto de comenzar el curso, emitió el departamento que dirige Vicent Marzà para evitar volver al modelo anterior del PP, el de 2012, tal y como pedía la suspensión del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

La aprobación del decreto ley se topó, sin embargo, con el PP y la Diputación de Alicante, que consideraron que podía ser inconstitucional, al servir para saltarse la suspensión cautelar. Y la institución provincial alicantina, junto con la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunitat, pidieron así al TSJ de la Comunitat que plantease una cuestión de inconstitucionalidad. Ahora es el TSJ el que se dirige a las partes para que, en 10 días, se pronuncien al respecto, antes de enviar o no la causa al Tribunal Constitucional. Tendrán que dar su opinión la Conselleria de Educación y el Ministerio Fiscal, además de las otras partes personadas, como Escola Valenciana, Stepv, MES Algemesí y Acció Cultural, como codemandados.

Según la Diputación de Alicante, "las normas constitucionales posiblemente infringidas son el artículo 86.1 de la Constitución Española en relación con el art. 44.4 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el art. 24.1 de ejecución de las resoluciones judiciales) CE en relación con el art. 117.3 (ejercicio de la actividad jurisdiccional, y el 118, de cumplimiento de las resoluciones judiciales; y 9.3 de la CE por interdicción a la arbitrariedad».

 

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