Las diligencias judiciales del Castor ya superan los 13.000 folios. Y todavía queda una larga instrucción por delante. Ni más ni menos que 18 meses, hasta junio del 2017, como publicó ayer Mediterráneo, ya que un nuevo juez sustituto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha acordado, a instancias del Ministerio Fiscal, la “complejidad” de la causa, en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural situado frente a la costa de Vinaròs.
El procedimiento, en el que ya han declarado 16 de los 18 investigados (denominación que sustituye al término imputado tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal), está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La Asociación Nacional Arca Ibérica mostró su adhesión a lo interesado por la Fiscalía, al igual que Escal UGS, mientras que la Abogacía del Estado se opuso.
No obstante, en el auto, el juez explica que el número de imputados, 18, “es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión”, solicitada por el fiscal. Añade que “la revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, como es Escal UGS, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su Consejo de Administración”. Por ello, el instructor, el tercero al que llega la causa y que asume la instrucción hasta la llegada del nuevo juez titular al juzgado de Vinaròs, prevista para mediados de febrero, considera que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la “realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis” que justifican la declaración del caso Castor como causa compleja y la ampliación del plazo para investigar de seis meses previstos en procesos sencillos a 18 meses. H
