Enagas encargará nuevos informes para garantizar la seguridad del almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado frente a las costa de Vinaròs, mientras permanece en estado de hibernación. El Gobierno aprobó el viernes pasado el real decreto-ley por el que acepta la renuncia de la concesionaria de la instalación, Escal UGS --sociedad participada por ACS en un 66,67%--, y fija una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones de euros, que se cargará al recibo del gas en los próximos 30 años. El mecanismo de pago diseñado estipula que Enagas Transporte será titular de un derecho de cobro por parte del sistema de gas que, a su vez, cederá a entidades financieras.

Pues bien, tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto acuerda que, durante la hibernación, Enagas se encargará de “realizar los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la infraestructura y, en su caso, los trabajos para su desmantelamiento”. De hecho, el documento señala que el Ejecutivo encargó sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España “que no permiten aún emitir una conclusión definitiva sobre las eventuales consecuencias de una vuelta a la operación”.

Al contrario, “recomiendan la realización de una serie de estudios adicionales que, sin perjuicio de las posibles aportaciones de técnicos internacionales, permitirían disponer de una base sólida y coherente sobre la que tomar una decisión sobre el futuro de la planta”. No cita para nada los trabajos solicitados en su día a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts --cuyos resultados todavía no se conocen-- sobre la relación de las inyecciones de gas con los 1.000 seísmos registrados.

Es más, de los estudios que Enagas tiene que completar “deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento”, y tendrá que “procederse al desmantelamiento cuando existan riesgos”. Y ya avanza que, en el supuesto de que el Consejo de Ministros considere segura la opción del almacenamiento, “por tratarse de unas instalaciones necesarias para la seguridad del suministro, se integrarán en una nueva concesión de explotación y el conjunto se asignará en un procedimiento público”.

Enagas tiene hasta el próximo 1 de diciembre para asumir la administración de la infraestructura y “será el momento de analizar los estudios realizados encargados y decidir las actuaciones”, según fuentes de la empresa. H