+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

FERRANDO JUSTIFICA ANTE EL JUEZ QUE SU MISIÓN ES LA PRESIÓN SOCIAL Y PEDIR INDEMNIZACIONES

La instrucción del Castor da un giro total al caso del almacén de gas frente a Vinaròs

Los peritos avalan la correcta tramitación del proyecto y el buen hacer de los acusados . El presidente de la plataforma admite que el informe contra la planta no existe

 

VINARÒS
12/11/2016

Donde dije digo, digo Diego. La Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia, el organismo vecinal más crítico con el proyecto Castor, quedó en evidencia en sede judicial. El representante de la citada plataforma, Joan Ferrando, declaró como testigo en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs y reconoció la inexistencia del conocido como informe de la Shell que alertara de peligrosidad sísmica.

Cabe recordar que el citado informe constituye la base de los argumentos científicos contra el proyecto Castor de la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres, por lo que de las manifestaciones de Ferrando realizadas en junio se desprende que jamás existió. Según fuentes judiciales, la plataforma denomina informe de la Shell a un documento firmado por el observatorio del Ebro el 26 de octubre del 2015, que en su día fue remitido a la empresa Escal UGS, filial de ACS, concesionaria del Castor.

En el transcurso de la testifical, Ferrando admitió ante la fiscalía su falta de capacidad técnica en sismología, así como la falta de apoyo técnico de la plataforma. De hecho, Ferrando, quien también preside la Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca), justificó que su misión es la presión social y reclamar indemnizaciones para los afectados por la sismología. El instructor autorizó a Aplaca a estar personada como acusación particular en el procedimiento que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor.

indemnización // Y Aplaca presentó al juzgado un escrito en junio en el que fija en 12.000 euros el perjuicio sufrido por cada residente en la zona de los sismos. Como consideran afectados los municipios de Alcanar, Benicarló, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona y Vinaròs, suman una población de 86.284 personas, por lo que la fianza para la posible indemnización se elevaría a 1.035 millones. La declaración de Ferrando se suma a la de los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que manifestaron al juez que los funcionarios de Medio Ambiente e Industria solicitaron todos los estudios posibles para la correcta tramitación de la planta. Corroboraron de este modo que los funcionarios acusados de prevaricar actuaron según la legislación. Así, testificaron que los sismos no producen impacto ambiental, una declaración que se une a las del Observatorio del Ebro y el Instituto Geográfico Nacional que desvinculan a Escal con una afección al medio ambiente. H