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RESOLVERÁN SI REMITEN LA CAUSA por delitos medioambientales AL JUEZ O LA ARCHIVAN

Una junta de fiscales decidirá el futuro penal del Castor este mes

El fiscal jefe afirma que ya tienen “toda la información para poder tomar una decisión” . La prórroga de 6 meses de la investigación penal sobre el proyecto vence en octubre

 

La plataforma del Castor está paralizada tras los más de mil seísmos registrados en el Baix Maestrat. - MEDITERRÁNEO

MERCHE MARTINAVARRO
18/09/2014

A escasos días de que se agote la prórroga de seis meses para investigar el proyecto Castor --vence en octubre--, la Junta de Fiscales de Castellón se reunirá antes de que acabe el mes para determinar la existencia de posibles delitos contra el medio ambiente y decidir si se archiva esta causa o la remite al juzgado de Instrucción. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, explicó ayer a este periódico que la investigación, “a punto de finalizar”, se alargó más de lo previsto debido a los numerosos informes de expertos y estudios realizados al respecto, lo que imposibilitó cerrarla en el mes de julio, como estaba previsto. Entre los análisis figuran los del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero, que concluyeron que los movimientos de tierra fueron ocasionados por la inyección de gas.

“Ya tenemos toda la información para poder tomar una decisión”, comentó el jefe de la Fiscalía, que el pasado 4 de octubre acordó incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer lo ocurrido en relación a los múltiples movimientos sísmicos registrados en el Baix Maestrat, en el entorno del almacén subterráneo de gas natural. El acuerdo se adoptó en una reunión de la Junta de Coordinación Provincial. Se investiga, entre otros, si se da la circunstancia de un posible delito contra el medio ambiente, que recoge el artículo 35 del Código Penal con penas de prisión de 2 a 5 años.

De hecho, ese mismo día, un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó esa tarde en la plataforma para comprobar que no inyectaba gas y el funcionamiento de la planta, situada a unos 23 kilómetros de la costa de Vinaròs, dentro de la investigación iniciada para esclarecer los terremotos. El mayor registrado hasta la fecha alcanzó los 4,2 grados de magnitud en la escala Richter.

Pero, además de una presunta negligencia por parte de la empresa constructora, Escal UGS, el Ministerio Público también determinará si se produjo alguna irregularidad por parte del Gobierno central en cuanto a los permisos concedidos en su día.

Mientras tanto, la plataforma continúa paralizada por orden del Ministerio de Industria, que admitió que se debían abonar 1.400 millones a Escal UGS (por una cláusula que lo establecía si la planta cerraba o la gestora renunciaba) y ahora busca que los bancos refinancien el pago a Escal y, después, que se repercuta en el recibo del gas. H

   
1 Comentario
01

Por carlos 16:37 - 18.09.2014

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Chekinfunfas,enterate que ni soy de Madrid ni me interesa la politica ,tu quizas vivas de ella