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VINARÒS TRIBUNALES

El juzgado que instruirá el Castor ingresa casi 2.500 asuntos al año

Jueces y fiscales urgen refuerzos ante el aumento del volumen de trabajo derivado de la instrucción del caso. La tasa de la litigiosidad en los órganos judiciales de Vinaròs es una de las más altas de toda la provincia

 

MERCHE MARTINAVARRO
25/01/2015

El juzgado de Vinaròs que instruirá el caso Castor ingresa una media de casi 2.500 asuntos al año, por encima del número de procedimientos que contabiliza anualmente cada órgano del partido judicial de Vila-real, según los últimos datos computados por el Consejo General del Poder Judicial. Y es que la tasa de litigiosidad (los asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) registrada en los juzgados del norte de la provincia, se encuentra entre las más altas del territorio castellonense, por delante de los partidos judiciales de la capital de la Plana y Nules. Una situación que comparte con el resto de los juzgados de Vinaròs, según la misma tabla, pero con la problemática añadida de tener las competencias en materia de violencia de género, lo que obliga a este juzgado a estar de guardia permanente.

Por todo ello, y ante el aumento del volumen de trabajo que supondrá la instrucción del macrofallido proyecto, magistrados y Fiscalía solicitarán formalmente a la Conselleria de Justicia y al Ministerio reforzar el juzgado con otro juez y, al menos, un funcionario, tal y como apostaba el juez decano de Vinaròs, Ignacio Lasierra, con el fin de que la instrucción del caso no colapse el órgano y no se demore el proceso. No obstante, tanto el presidente de la Audiencia, José Manuel Marco, como el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, tuvieron la oportunidad de trasladar esta reivindicación en persona al propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se comprometió a tener “máxima sensibilidad”, debido al “evidente” aumento de carga de trabajo que tendrá el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs. De hecho, reconoció que el Castor “es lo más singular de la provincia”. “Desde el Ministerio, junto al CGPJ, intentamos atender las peticiones con fundamento” y esta es “evidente”, añadió.

Cabe recordar que la denuncia de la Fiscalía está dirigida contra los responsables del Instituto Geológico y Minero y de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto. Apunta también contra Escal UGS, que gestionaba la planta hasta su cierre por los seísmos, por delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente”. H