El PSPV-PSOE solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sumarse a la querella anticorrupción y ejercer la acusación popular en el caso Valmor, sin incluir al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; pero sí a su antecesor, Francisco Camps; a la exconsellera Lola Johnson y al expiloto Jorge Martínez Aspar.

Paralelamente, los socialistas exigieron que se les exonere de prestar fianza por esa personación, o que esta sea “de escasa cuantía para no impedir” el ejercicio de esa acción ni “limitar” su derecho constitucional.

Para los socialistas, como plasman en la querella, Camps “urdió un plan” para financiar los costes de la Fórmula Uno mediante “complejos subterfugios que le permitieran sostener ante la opinión pública que el coste sería cero y obtener con ello rédito electoral”, para lo cual “negoció personalmente” todas las condiciones, a sabiendas de que las arcas públicas sufrirían un perjuicio de “varios millones de euros”.

La petición del PSPV se formalizó, en concreto, ante la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, a través de una querella firmada por los cinco diputados autonómicos que hace un año interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el Consell por la compra de Valmor y que ahora piden personarse en calidad de acusación popular.

ESQUERRA UNIDA // La denuncia del PSPV, así como la que formuló Esquerra Unida (EU), dio lugar a que la Fiscalía presentara en diciembre ante el TSJCV una querella contra el expresident Camps, la exconsellera Johnson y Aspar por varios delitos relacionados con la gestión de la Fórmula Uno (F1) en la ciudad de Valencia. La querella del PSPV dirige su acusación a estos tres, “sin perjuicio de que en la instrucción resulten nuevos hechos y/o se dirijan contra nuevas personas”, y pide que declaren todos los querellados.

Según el PSPV, Camps debe ser considerado autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos y de prevaricación; igual que Johnson, a quien añade otro societario; y ve a Aspar cooperador necesario de delito continuado de malversación y societario. Para los socialistas, el comportamiento presuntamente ilícito de los querellados causó “un daño económico de cuantía muy elevada” y “otro material, pero de vital importancia”, como la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. H