En el mes de junio, cuando muchos ciudadanos y algunas ciudadanas contemplaban estupefactos los cinco goles que Holanda le propinaba a España, otros/as nos dábamos cuenta de otros goles que el Gobierno neoliberal que tenemos hacía a la economía: la ministra Ana Pastor anunciaba que en el corredor de Levante, junto con Renfe, iba a operar una compañía de ferrocarriles privada y en siete años iban a entrar nuevas empresas para dar servicio al sector. El argumento es el de siempre: con estas medidas se iba a modernizar la tecnología y los consumidores iban a ganar en precio y servicio. No sé si la ministra se creía esa afirmación, cuando en otras declaraciones ha dicho que el ferrocarril es un sector puntero en España.

Hay que destacar que las arcas públicas ingresan beneficios en servicios de trenes muy demandados y los precios suelen ser asequibles para quienes los utilizan. Por otra parte, los beneficios pueden quedar para el Estado con la finalidad de cubrir los servicios a los ciudadanos/nas y no arrastrar tanta deuda pública

Si bajamos a un escenario más concreto, en Castellón, el sistema de valijas que tienen en Justicia para transportar aquellos documentos que se cree deben ingresar en archivos, ha sido centralizado en Ribaroja y privatizado, por lo que Correos ya no se encarga de este servicio. El Ayuntamiento de Castellón ha pasado a empresas privadas tantos servicios públicos, que llegará un momento en el que sus más de 1.000 funcionarios no tendrán que desempeñar ningún trabajo.

Las últimas noticias que tenemos en estos días, en la feroz obsesión por privatizar, son las 15.000 camas de hospitales, que se han dejado sin utilizar ahora en verano, y se teme que algunas no se vuelvan a poner en servicio; se ha privatizado la inscripción de los Registros civiles, ya que serán los peritos mercantiles quienes se encargarán. Hasta la gestión de los faros también va a pasar a manos privadas.

Como era de esperar, estas medidas privatizadoras también pueden afectar al sector educativo. En el periódico Mediterráneo del 14 de julio, el secretario general del Ministerio de Educación, Federico Morán, anunciaba que la oferta de carreras debía de estar condicionada por el rendimiento, que para él era que tuviera más demanda y no rendimiento científico; no estaba de acuerdo con que hubiera tantos profesores funcionarios y proponía una mayor flexibilización de las plantillas e introducir contratos laborales. Por supuesto, dentro del más puro neoliberalismo, proponía que se buscara financiación para los proyectos de investigación, fuera de los recursos públicos. Suponemos que el secretario general era consciente de lo poco que se asigna desde el Estado a la investigación y en estas mismas declaraciones prometió que, cuando bajara la crisis, se intentarían aumentar las ayudas.

Por si esto fuera poco, también algunos periodistas conservadores han denunciado en estos últimos meses que la Universidad pública en España no funciona bien, que había que dar una buena formación como en Cambridge y Oxford y se rumoreaba la posibilidad de que las becas universitarias fueran concedidas con un préstamo de los bancos, o sea también se privatizaban, y, cuando acabaran la carrera los estudiantes, devolvieran el préstamo cuando trabajaran. Esta propuesta raya en el cinismo cuando se sabe que más del 50% de los universitarios están en paro y tampoco es aceptable la afirmación de que la formación de nuestros universitarios no es la correcta, cuando sabemos que están bien considerados en el extranjero cuando van a trabajar, ya que en los años anteriores a la crisis en las Universidades la dotación de material de investigación aumentó y también el apoyo a la investigación y a la actualización docente. Hay que advertir además que las Universidades públicas son más democráticas que las privadas puesto que el equipo de Gobierno, el Claustro y las Juntas de Facultad son votados por toda la comunidad universitaria; los profesores somos evaluados tanto en nuestra tarea docente como en la investigadora.

Por otra parte, a los neoliberales, tanto los dirigentes políticos como los que transmiten sus discursos en los medios de comunicación, se les llena la boca de la palabra “democracia” cuando critican a Pablo Iglesias, el nuevo líder de Podemos y le achacan sus simpatías por Venezuela o Cuba, donde dicen que no hay democracia. ¿Es que estos neoliberales son democráticos cuando intentan destruir lo público y la acción del Estado para favorecer a los más débiles?

Quienes vivimos en la civilización europea --y seguro que Pablo Iglesias tiene esa formación y no la “bolivariana” que se le asigna--, sabemos que nuestras ideologías y nuestro proyectos son fruto de dos binomios: el liberalismo y el socialismo. En el primero prima lo privado y en el segundo lo público. Los distintos avatares de Europa en los dos últimos siglos, incluida la caída del Muro de Berlín, nos ha hecho asumir que la verdadera democracia es que convivan ambos modelos y lo que no se puede es tratar de eliminar todo lo público, desprestigiar a los funcionarios, quitarles competencias, aumentar la deuda pública para que se especule con ella, cuando algunas empresas del Estado podrían servir, si tienen beneficios, para paliar esa Deuda galopante que condiciona excesivamente en sus decisiones a los políticos.

Como docente preocupada por mis alumnos/nas y observadora de su realidad, estoy segura que si privatizáramos todas las universidades muchos de ellos y ellas no podrían estudiar. El Estado, que somos todos, con nuestros impuestos colaboramos en que los hijos/as de las familias más humildes se beneficien de los servicios públicos. Los empresarios deberían sentirse parte del cuerpo social y no defraudar a Hacienda, ya que, en cierta manera, devuelven a la sociedad lo que es de ella pues, si amasan fortunas, es porque los que consumimos sus productos se los hemos comprado con el esfuerzo de nuestro trabajo. H

*Profesora de la Universitat Jaume I y doctora en Historia Contemporánea. Directora del Centro de Documentación de Recuperación de la Memoria Histórica de la Universidad Jaume I