Todos los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y el resto de altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal deberán actuar "de buena fe" y "con dedicación al servicio público", así como mantener "una conducta digna" y tratar a los ciudadanos con "esmerada corrección", según el anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que ha dado a conocer este lunes por la tarde el Ministerio de Presidencia.
Según la norma, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, los altos cargos de la administración estatal no podrán aceptar regalos "que superen los usos habilutales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". Además, si cometen infracciones en la gestión económico-presupuestaria, deberán restituir "las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente" e indemnizar a la Hacienda Pública.
El anteproyecto ha sido publicado en la web leydetransparencia.gob.es y como novedad, durante quince días, los ciudadanos interesados podrán realizar las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas.
La norma establece toda una retaila de límites al derecho al acceso a la información pública. Las administraciones no revelarán datos que supongan un perjuicio para "la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria o protección del medio ambiente", entre otros.
Revisión normativa
El Ejecutivo ha aprovechado además para incluir un artículo que obliga a todas las administraciones públicas (incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos) a acometer una "revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado partidario, en varias ocasiones, de que las administraciones adelgacen el abultado número de normas jurídicas existente.
Incumplir servicios mínimos
Asimismo, a tres días de la huelga general, el anteproyecto incluye en el capítulo de sanciones a los gobernantes la "obstaculación al ejercicio de derechos sindicales", "la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del drecho de huelga" y el "incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales" durante los paros.
