En el Congreso los partidos empiezan a dar por hecha la investidura de Mariano Rajoy, pero no demuestran la más mínima intención de que vayan a facilitarle el trabajo. El líder conservador pasará, previsiblemente, de gobernar con la placidez de la mayoría absoluta a luchar cada paso en un Parlamento que le es hostil. Este martes la Cámara baja dio una muestra más de esa beligerancia. El Gobiernoha vetado diez iniciativas de la oposición bajo el argumento de que suponen un incremento presupuestario, una posibilidad que le concede el reglamento. Sin embargo, la Mesa ha rechazado este veto en dos proposiciones de ley del PSOE porque considera que no implican ningún aumento del gasto: la paralización de la Lomce y otra sobre subcontratas de empresas vinculadas a la administración. El PP se ha quedado solo y en minoría.

Aún así, hay otras ocho proposiciones que la oposición considera vetadas injustamente, entre ellas, un aumento de las pensiones. Los parlamentarios han pedido a los servicios jurídicos del Congreso que emitan informes caso por caso para determinar si su aplicación derivaría, como sostiene el Gobierno, un incremento de gasto. El análisis tardará en materializarse en decisiones concretas. Aunque la semana que viene está previsto un pleno ordinario, el previsible calendario de investidura de Rajoy se colaría en la agenda, y a la práctica, el bloqueo permanecerá por lo menos hasta finales de noviembre.

“Nos preocupa que Rajoy no entienda cuál va a ser su nueva relación con el Parlamento. Ya no puede ser de veto o de rodillo. Ha de ser de diálogo”, ha señalado el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón.

Su homólogo en Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha criticado que el Gobierno intente mantener “formas propias de la etapa de la mayoría absoluta” y ha lamentado que el partido conservador “no haya interioridad” que va a necesitar apoyos a cada paso.

Ese equilibrio cambiante de respaldos va a materializarse esta tarde en el pleno, que debate la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reforma de la Ley Electoral para recortar la campaña. El diputado socialista Rafael Simancas ha puesto como ejemplo lo sucedido como tendencia de legislatura.