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Los afectados, indignados

La redacción del plan especial no paraliza las denuncias en la Marjal de Nules

El importe de las sanciones, según los casos, oscila entre 1.500 y 3.000 euros

 

Uno de los propietarios afectados por el expediente de restauración de la legalidad urbanística, ante su casa. - Mira

Mònica Mira
28/06/2018

La petición trasladada por el Ayuntamiento de Nules a la Conselleria de Vertebración del Territorio para que se paralicen las denuncias que se imponen a los propietarios de viviendas en la Marjaleria, al menos durante el proceso de redacción del plan especial y la anunciada modificación de la ley urbanística valenciana, no ha sido atendida, tal y como ponen de manifiesto las notificaciones que reciben algunos vecinos de la zona desde la semana pasada.

Según ha podido saber Mediterráneo, al menos 15 personas de los aproximadamente 90 afectados por expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, deberán abonar en el plazo de un mes las multas coercitivas impuestas por la dirección general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Y es así, a pesar de que la tramitación del documento que regulará los usos de este área ya ha dado comienzo.

Derribo

Estas cartas no solo imponen una sanción económica, que oscila, en los casos conocidos por este periódico, entre 1.500 y los 3.000 euros, sino que emplazan a proceder al derribo de la construcción afectada, ya sea una vivienda, una valla o una piscina, pues los casos son muy diversos y solo coinciden en lo esencial: la obligación legal de derruir.

La llegada de estas multas ha sido un nuevo varapalo para los damnificados, que confiaban en la «flexibilidad» del Gobierno autonómico después de anunciar su intención de modificar la ley urbanística para, como manifestó hace poco más de un año la consellera del ramo, María José Salvador, «intentar dar una solución realista a los problemas ambientales y socioeconómicos que estas edificaciones comportan».

Ante su delicada situación y el mantenimiento de las sanciones, los expedientados reconocen haber perdido «por completo» la confianza en la Administración, por lo que consideran una «falta de interés real» por resolver este «dramático problema», según explican. Se sienten engañados porque les dijeron que «el total de las denuncias no podía superar el coste del derribo del inmueble y, en algunos casos, lo ha sobrepasado ya con creces», indican.

Con todo, muchos de ellos resisten, a diferencia de la más de una veintena de construcciones que ya no existen por la decisión de sus dueños de ceder a la fuerte presión administrativa.