Los mejores de los nuestros, desde el minuto uno del runrún nacional-independentista de Mas, han intentado poner sobre la mesa soluciones, pensando, reflexionando, estudiando, con la mente abierta, con generosidad intelectual, lejos de maximalismos, gritos o soflamas, echando un vistazo a la Constitución, a la historia, a los procesos significativos democráticos, españoles, europeos y sus particularidades catalanas. Siguen en ello, pero los tiempos se agotan.

Tras la carta de Mariano Rajoy, defendiendo la vigencia del ordenamiento constitucional y jurídico, abogando por la lealtad y el diálogo, así como las opiniones y voces de tantos, el debate abierto por el presidente catalán se ha intensificado. El Gobierno solo pide una cosa a los que gobiernan: que cumplan la ley. Artur Mas debe recordar que es presidente porque una Constitución se lo permite y como tal debe pensar en todos los catalanes antes de tomar determinadas decisiones. El llamado derecho a decidir ha perdido fuerza de un lado y la ha ganado de otro haciendo incluso caer en contradicciones a la propia Fiscalía.

Hay que recordar de nuevo, ante este al parecer dilema institucional de togas negras, que juntos hemos logrado grandes cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos. Teníamos un país al borde del abismo y hoy somos el país que más crece dentro de la zona euro. Juntos seguimos trabajando para devolvernos el esfuerzo realizado y ese es el objetivo de la reforma fiscal que va a llevar a que 21 millones de españoles paguen menos impuestos. Es el momento en que todas las instituciones unidas reclamemos dentro del poder estatal que podemos y debemos construir el proyecto que nos une: la España del soglo XXI.

España es un país unido pero no uniforme, capaz de acoger su pluralismo como un activo y un valor diferencial donde caben 47 millones de identidades y constituimos nuestro Estado con la suma de esas afinidades y como plataforma de los vínculos que compartimos.

Desde luego que no hay que dudar de la existencia de sensibilidades que explicitan claramente unas determinadas ansias nacionalistas más o menos insaciables. Pero lo que se debe pretender debe tener encaje legal, a fuer de social. Es el momento de abandonar imposiciones, confrontaciones y divisiones, buscando soluciones realistas y resolviendo los problemas dialogando, en el marco de la ley. Porque, aunque a alguno le cueste, nada es más moderno, democrático, equitativo, y respetuoso que el modelo constitucional que nos dimos en 1978. Cambiarlo es volver a los barcos de vapor. H

*Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación