Muchas personas se sorprenderán de saber que España es, junto con Malta, Chipre y Luxemburgo, el único país europeo que carece de una ley de transparencia que garantice el derecho de los ciudadanos de obtener de la Administración datos e informaciones públicos de su interés. O que, según un estudio de organizaciones civiles del sector, países africanos o latinoamericanos son más abiertos que el nuestro en este aspecto. La cultura de la opacidad de los poderes públicos está tan arraigada en España que muchos ciudadanos incluso desconocen el derecho que les asiste y acogen como inevitable el oscurantismo de la Administración, que entronca con el vuelva usted mañana del que se lamentaba Larra.
Si todos los partidos se lamentan del distanciamiento de los españoles con los políticos, una de las medidas para reducirlo sería esta transparencia. Mariano Rajoy prometió que en sus primeros 100 días de gobierno habría un proyecto al respecto. Aunque es difícil cumplir estrictamente el plazo -parece que la ley se anunciará a mediados de abril-, lo importante es que la norma tenga el máximo apoyo en el Congreso, nazca con vigor y no sea un brindis al sol. La crisis no puede ser una excusa para que España no se ponga al día en un tema en el que lleva mucho retraso.
