Las estadísticas presentadas por el Ministerio del Interior sobre los denominados delitos de odio, es decir aquellos consistentes en ataques contra cualquier persona por tener una determinada creencia, identidad sexual, origen étnico o estatus social, no dejan de crear inquietud en España, especialmente por el perfil cada vez más definido de las víctimas. Cuatro de cada diez agredidos durante el 2014 lo fueron por su orientación sexual, el 37% estuvo relacionado con cuestiones racistas o xenófobas, mientras que las mujeres y los menores continúan siendo los grupos de mayor riesgo.
La detallada radiografía policial sirve para visualizar un tipo de criminalidad que a menudo permanece oculta por la desconfianza de la propia víctima, al considerar que la denuncia no servirá para nada. En este sentido, el loable objetivo de sensibilizar a la población deberá ir acompañado del máximo rigor en los protocolos policiales para que la acusación a los agresores llegue con todas las garantías ante el juez. Algunas de las agresiones de las que hemos tenido constancia pública, incluso con imágenes explícitas, y la nula reacción de quienes asistían a las mismas refleja que estamos ante un problema que requiere, además de la policial, la colaboración de todos.
