La Fiscalía de Madrid investigará el colapso de más de 3.000 vehículos en la AP-6 el pasado fin de semana por la nevada para depurar las posibles responsabilidades civiles por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores.

Ha sido el fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales por los hechos acaecidos entre los días 6 y 7 de enero del 2018 en la AP-6.

En su escrito, la Fiscalía recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que miles de personas estuvieran «muchas» horas atrapadas con sus vehículos en la nieve. Por ello, el Ministerio Fiscal tratará de averiguar si los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, «ejercitar las acciones judiciales oportunas».

Tanto es así que la Fiscalía defiende que la orden de incoar las diligencias preprocesales se hace «en defensa de los intereses de los consumidores para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución».

Al margen de la investigación de la Fiscalía, la asociación Asufín prepara una demanda contra Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, por los daños y perjuicios causados a los atrapados.