Catorce personas han sido detenidas en Albacete y Castellón en una operación contra la explotación de trabajadores extranjeros en la que se ha liberado a 72 personas de nacionalidad rumana que estaban hacinadas en varios pisos, obligados a trabajar en largas jornadas y a vivir en pésimas condiciones.
Así lo ha dado a conocer el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, en una rueda de prensa en la que ha informado de esta operación, denominada Benisol, que ha desarrollado la Guardia Civil de Albacete en colaboración con la Policía de Rumanía.
Todos los detenidos están acusados de retener contra su voluntad a las víctimas y de obligarles a pagar y trabajar en pésimas condiciones.
Además, tres residentes en Rumanía han sido imputados por estos mismos hechos.
La organización captaba a sus víctimas en ese país mediante anuncios en prensa o mediante el boca a boca, con la promesa de un trabajo altamente remunerado en España, formalizado en un contrato firmado en presencia de un abogado para dar más apariencia de legalidad.
También les prometían alojamiento, manutención, traslados y documentación en España sin cargo alguno, como ha explicado el subdelegado del Gobierno.
Pozuelo ha detallado que las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011, cuando un familiar de una de las víctimas presentó denuncia en Benidorm (Alicante), en la que advertía de que una persona de su familia se encontraba retenida contra su voluntad, explotada laboralmente por un grupo de personas de nacionalidad rumana en una vivienda de la localidad de La Roda (Albacete).
El denunciante explicó que así se lo había contado la propia víctima tras conseguir hacerse con un teléfono móvil aprovechando un descuido de sus captores.
La Guardia Civil localizó a esa persona y, tras tomarle manifestación, los investigadores pudieron encontrar en diferentes puntos de España y en Rumanía a más víctimas que estaban siendo explotadas laboralmente y retenidas en contra de su voluntad, todas ellas de nacionalidad rumana.
Los agentes se trasladaron a las localidades rumanas de Bucarest, Brasov, Craiova y Ploiest, donde conjuntamente con la Policía rumana identificaron a los integrantes de la organización criminal en ese país.
Pozuelo ha explicado que, cuando la organización captaba a un determinado número de víctimas, formaba grupos para trasladarlas a España por carretera, siempre acompañados por miembros de la organización.
En España, la red exigía a las víctimas los gastos ocasionados por los traslados, manutención, alojamiento y obtención de documentación en nuestro país, con lo que generaban una deuda que tenían que saldar con el trabajo diario.
En algunos casos, la organización exigía a las víctimas 600 euros por la inscripción en el registro de ciudadanos de la Unión Europea.
Las víctimas eran alojados en viviendas alquiladas por la organización criminal, en pésimas condiciones de salubridad, llegando a albergar un mismo domicilio 30 personas, hasta el punto de que en una de las viviendas, la bañera era utilizada como cama.
Padecían "jornadas laborales en campañas agrícolas de sol a sol y siempre bajo amenazas y agresiones por parte de los miembros que se encargaban de su vigilancia", ha dicho el subdelegado.
Dos los detenidos residían en la provincia de Albacete (en La Roda y en La Gineta) y los otros doce en Castellón (seis en Vila-real y otros seis en Nules).
