Cantidades que oscilaban entre los 20 y 50 euros. Ese era el pago que realizaba el policía local de Burriana a los menores con los que mantenía relaciones sexuales, según la Fiscalía.

Lo hacía en cada uno de los encuentros sexuales que protagonizó, presuntamente, con los ocho adolescentes, todos ellos varones y de entre 14 y 18 años. La acusación del Ministerio Fiscal es contundente. Agresión sexual, abusos continuados, abusos con acceso carnal y corrupción de menores. Un amplio abanico de delitos por los que la fiscal Carolina Lluch, encargada del caso, solicita una pena de prisión de 98 años, tal y como adelantó ayer este diario.

José Antonio M.M., agente de Burriana, fue ya condenado en el año 2012 a una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de falsedad en documento público. Era en esos años cuando, supuestamente, amenazaba a menores con problemas económicos y/o judiciales para lograr que accedieran a tener sexo con él.

Presuntamente, prometía a la mayoría interceder por ellos en sus procesos policiales. Sin embargo, a uno de los chicos a los que intentó convencer para tener relaciones, de 14 años, le decía que tenía contactos en un importante equipo de fútbol y que lograría que jugara en el club si accedía a sus pretensiones. El acusado fue muy insistente en sus propuestas, aunque el menor las declinó y fue uno de los dos menores de los que intentó, sin éxito, abusar. A otras de las víctimas las amenazó con propiciar que entraran en un centro de menores, según la Fiscalía, llegando a decirles que “acabarían en la cárcel”.

Los adolescentes, por el miedo y la autoridad que representaba el acusado, accedían a sus peticiones sexuales, coaccionados. Según el escrito de acusación provisional, estos hechos se prolongaron desde el 2007 hasta el 2014.

A consecuencia de estos hechos, muchos de ellos sufrieron daños morales, que afectaron a su desarrollo sexual. Entre las consecuencias de los presuntos abusos, “trastorno de estrés postraumático”, “sintomatología de tipo ansioso depresivo exacerbada” o “trastornos en el estado del ánimo”, entre otras cosas.

Por ello, el Ministerio Fiscal pide para las víctimas del policía local una indemnización total de 166.000 euros. Para él, que lleva un año y medio en prisión provisional, desde el 10 de abril del pasado año, una pena de cárcel que casi alcanza los 100 años y una inhabilitación profesional de 74. El 26 de enero saldrá de la cárcel para sentarse en el banquillo. H