Algo más de 60 son los masets, muchos de ellos con sus correspondientes piscinas, que se ubican en el suelo no urbanizable de protección medioambiental que marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila-real, que afecta al margen del río Millars que discurre por el término municipal de la ciudad, desde la autopista AP-7 al límite territorial con la vecina Onda.
Un ámbito en el que se ubican las cuatro viviendas adosadas que tienen que ser derribadas en un plazo aproximado de un mes, por orden judicial y tras declararse firme una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón, por cuanto sus promotores y el constructor incurrieron en un delito contra la ordenación del territorio, según el fallo.
En concreto, en el entorno más próximo a estos inmuebles, levantados junto al camino Vora Riu del Madrigal --que delimita el espacio protegido, que se extiende desde este vial al cauce del río--, existe otra treintena de casas que, pese a encontrarse en la actualidad en esta zona medioambiental, «ya existían cuando se declaró la protección de este espacio», explican fuentes del Ayuntamiento de Vila-real.
De este modo, estas edificaciones --en algunas de las cuales sus dueños viven todo el año, mientras que en otras se trata de residencias de verano-- están plenamente consolidadas y, por tanto, escapan a cualquier amenaza de reclamación de responsabilidades, aunque en su día se construyeron en suelo no urbanizable.
SENTENCIA
En los fallos judiciales que acabaron con la orden de demolición de cuatro viviendas adosadas junto al Millars se reconoce la existencia de casi un centenar de construcciones en una superficie de cerca de 600.000 m2, entre ellas paelleros y casetas de aperos, aunque se insiste en que la zona no está urbanizada y carece de bordillos, aceras y red de alcantarillado, entre otros elementos característicos de áreas que están dentro del ordenamiento urbanístico municipal.
Desde el consistorio hacen hincapié en que los masets existentes en el entorno «están todos ellos prescritos y no tienen ningún expediente disciplinario urbanístico ni tampoco judicial». E insisten en que son construcciones que se ejecutaron «mucho antes de proteger el río y, en general, son chalets más antiguos que la gente ha ido remodelando y en los que prescribió la infracción, como ocurre en otros municipios como Castellón, l’Alcora u Onda, así como en toda España». H
