Un mes o algo más es lo que tardarán en demolerse las cuatro viviendas construidas ilegalmente junto al cauce del río Millars, sin licencia municipal y en terrenos calificados como no urbanizables de especial protección medioambiental en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que data de 1994.

Así lo señalan a Mediterráneo fuentes municipales que, insisten en que los propios dueños de las casas adosadas objeto de litigio, levantadas a principios del 2000 en una parcela con acceso desde el camino Vora Riu del Madrigal, se han ofrecido finalmente y de manera voluntaria a llevar a cabo el derribo de los inmuebles de los que ahora están sacando todos aquellos elementos susceptibles de volver a ser utilizados, como son piezas de fontanería o de electricidad, calderas o marcos de puertas y ventanas.

El compromiso de los damnificados de llevar a cabo la intervención, cuya ejecución la ordenó la justicia en diversas ocasiones, supone que el consistorio no tenga que llevarla a cabo de forma subsidiaria y, de esta forma, no tiene que gastar de las arcas municipales los 40.000 euros en que los técnicos cifraron el tirar al suelo los citados cuatro adosados.

De esta forma, y como se dictó en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón el 18 de julio del 2006 --ratificada por la Audiencia de Castellón siete meses después--, tiene que restituirse la legalidad urbanística, devolviendo al suelo sobre el que se levantó la edificación su aspecto inicial. Una actuación para la que el consistorio solicitó un informe sobre la flora a repoblar a la Conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Como ayer adelantó este rotativo, la presión de la justicia ha obligado a acometer sin demoras la demolición de las viviendas que, pese a la paralización dictada por el Ayuntamiento de Vila-real, sus promotores siguieron construyendo hasta su acabado definitivo. Unos hechos que obligaron al consistorio, en el 2003 y con Manuel Vilanova (PP) como alcalde, a notificar lo ocurrido a la Fiscalía de Castellón.

Finalmente, la justicia condenó, tanto a los cuatro hermanos dueños de las casas como al constructor que inició las edificaciones -aunque no llegó a acabarlas- a siete meses de prisión y una multa que sumaba 3.500 euros como autores de un «delito contra la ordenación del territorio».

Como dijo el alcalde, José Benlloch, «como institución, tenemos la obligación de acatar los autos judiciales, bajo apercibimiento de estar incurriendo en dos delitos que son graves, como son el de desobediencia y el de prevaricación, en el caso de llevar a cabo acciones que dificulten hacer efectivas las sentencias».