Las sentencias urbanísticas y los efectos económicos que causan a las arcas municipales vuelven a generar quebraderos de cabeza a los responsables del Ayuntamiento de Vila-real. Tras haber tenido que abonar cerca de 15 millones de euros en los últimos años, los intereses derivados de dos fallos judiciales por expropiaciones en el Madrigal y Botànic Calduch obligarán ahora al consistorio a abonar otros 150.000 euros, provocando “nuevas distorsiones en el actual presupuesto municipal”. Así lo ha revelado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien lamenta que “el goteo de empastres y sentencias derivadas de la gestión del Partido Popular al frente del consistorio no acaba y sigue poniendo en dificultades el día a día de nuestra ciudad”.

El primer edil añade: “En esta ocasión, hemos recibido en el Ayuntamiento la reclamación de los propietarios para que se les abonen los intereses a los que tienen derecho por sentencias de expropiaciones mal hechas por parte del anterior ejecutivo del PP”. En concreto, las exigencias se refieren a un fallo judicial de la urbanización del Madrigal y otro del Botànic Calduch que, en su conjunto, supondrán abonar en torno a los 150.000 euros. “Una cantidad importante que nos permitiría, por ejemplo, poder hacer frente a los gastos por los libros de texto o abonar la paga extraordinaria a los trabajadores municipales que el Gobierno central les quitó en el 2012. Cantidades que, ahora, habrá que buscar en otro sitio para poder hacer frente a este nuevo empastre del Partido Popular de Vila-real”. En el caso de la sentencia del Madrigal, los afectados reclaman intereses por un total de 116.639,51 euros.

ORIGEN // Este caso se remonta al año 2005, cuando el gobierno municipal popular expropió unos terrenos por 145.800 euros, frente a los 437.159,23 que la justicia reconoció en el 2014. Una diferencia de 291.359,22 euros que el Ayuntamiento abonó a finales de año y que se suma a los más de 2,5 millones en sobrecostes que se han tenido pagar también en la urbanización del Madrigal.

El otro fallo supone el abono de 38.197 euros en intereses, que los propietarios reclaman tras la sentencia que les reconocía otros 641.478 euros por unos solares por los que “el PP no les había pagado ni un euro”, concluye. H