La retirada de la cruz del Ribalta de Castelló está lejos de ser inminente y se dilatará como mínimo hasta finales de año a consecuencia de todo el procedimiento administrativo aún pendiente de completar. 

El decreto para quitar el monumento que firmó este lunes la edila de Memoria Democrática, Verònica Ruiz (Compromís), supuso abrir un nuevo paso en la tramitación. Este dictamen, según indicaron fuentes municipales a este diario, está previsto que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este jueves, mientras se procede también a la notificación a los interesados. 

Todos los que presentaron alguna alegación durante el periodo de exposición pública, cuyos escritos cifró este martes Ruiz en 226, frente a los 170 informados por el consistorio semanas atrás, recibirán una respuesta individual. 

Las respuestas

Las contestaciones están basadas en una decena de consideraciones jurídicas, entre las que figuran atender el informe del Consell que considera «vestigio franquista» el monumento y las leyes de memoria democrática nacionales y autonómicas. También consta como argumento que con la retirada del bien «se garantiza el respeto hacia las personas identificadas con el símbolo de la cruz latina, teniendo en cuenta el ofrecimiento de cesión» realizado a la Diócesis de Segorbe-Castelló y que todavía debe concluir el área municipal de Patrimonio.

La fecha en la que se ejecuten las notificaciones será la que marque el próximo horizonte en el calendario. A partir de entonces comenzará a correr el plazo de un mes para recurrir el decreto por vía administrativa ante el Ayuntamiento y dos meses --sin contar agosto al ser inhábil-- para acudir al ámbito judicial, lo que lleva ya como mínimo a finales de octubre o principios de noviembre.

En contra

De hecho, entidades como Abogados Cristianos confirman su intención de presentar un recurso contra el decreto de Ruiz. Su presidenta, Polonia Castellanos, explica a este periódico que «en cuanto nos llegue la notificación interpondremos el contencioso-administrativo y también iniciaremos acciones legales contra los firmantes del decreto». Al mismo tiempo, anuncia que estudian movilizaciones en rechazo a la medida, sin concretar fechas.

Una postura opuesta a otras organizaciones como el Grup de Recerca per la Memòria Històrica de Castelló, cuya presidenta, Maribel Peris, defiende la actuación «en cumplimiento de la ley» y afirma que «los argumentos en contra de la retirada no tienen sustento histórico ni religioso alguno».

Por último, una vez completado todo el procedimiento administrativo y los probables embrollos judiciales que surgirán, queda pendiente aún la licitación de las obras por la Concejalía de Urbanismo, que encabeza José Luis López (PSPV-PSOE), atendiendo así el decreto. La adjudicación del contrato incluirá quitar el monumento y la remodelación de esta zona del Ribalta. 

«El Ayuntamiento vela para que el procedimiento administrativo se desarrolle con plenas garantías legales y bajo el cumplimiento escrupuloso de la normativa», insistieron fuentes municipales ante el arduo proceso que aún se alargará al menos los próximos meses del año.