Casi una treintena de localidades de Castellón, unas 28, están adheridas ya a la Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT), cediendo así las competencias de disciplina urbanística en los casos graves o muy graves.
El listado, aportado por fuentes de la Conselleria de Política Territorial, Movilidad y Obras Públicas de la que depende el nuevo organismo autónomo que tiene previsto entrar en funcionamiento a final de año, incluye las localidades que de forma voluntaria han traspasado la gestión de sus competencias a la Generalitat.
Esto implica que una vez se active la AVPT será esta quien se encargue de realizar las sanciones oportunas, paralizar la edificación o incluso ordenar los derribos ante las infracciones urbanísticas que se produzcan en suelo no urbanizable, además de adoptar las medidas cautelares.
Las localidades adheridas compartirán con la institución únicamente las labores de inspección y supervisión, ya que perderán la capacidad de decisión sobre los expedientes iniciados, siempre que sean graves o muy graves, ya que los leves seguirán bajo la competencia municipal.
El perfil
El perfil de las poblaciones acogidas a este ente y que lo estarán durante los próximos quince años salvo acuerdo en contra dista de ser homogéneo. Entre ellas figuran muchas localidades pequeñas, cuya capacidad de gestión en este ámbito resulta limitada por los propios recursos de los que dispone la corporación, como puede ser la Puebla de Arenoso, Suera, Tales o Viver en el caso de la provincia de Castellón.
No obstante, el listado de adhesiones incluye también grandes ciudades como Vila-real o Castelló. La capital de la Plana figura de hecho, con zonas como la Marjaleria, entre los lugares con más espacios por legalizar, al haber evolucionado allí hace décadas muchas casetas a viviendas. La inclusión en la AVPT generó polémica en su momento y recibió críticas de la oposición al perder el consistorio la competencia, mientras que fue defendida por el ejecutivo local alegando que no tendrá mayor repercusión entre los vecinos que la acción que ya llevan a cabo los técnicos municipales. Ahora bien, esta misma situación se repite norte a sur de la Comunitat Valenciana, donde se calcula que existen hasta 350.000 casas ilegales que deberán afrontar planes de minimización ambiental mientras cumplan el requisito de estar totalmente construidas en una fecha anterior al 20 de agosto del 2014, como marca la ley.
Las 28 localidades de Castellón, aunque se prevé que sean más, estarán representadas en la agencia en las cuatro vocalías a repartir entre los 165 municipios adheridos en la Comunitat --51 en Alicante y 86 en Valencia--, además de por el miembro designado por la Diputación.
