La segunda sesión del juicio del caso Castor, que se desarrollará hasta noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón, ha incluido la declaración de varios técnicos y trabajadores del almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaròs. Los supervisores de operaciones destacaron el nivel de control e instrumentalización de la plataforma, y aquellos que se encontraban en la plataforma marítima durante la fase de inyección de inicios de septiembre de 2013 indicaron que no sintieron los seísmos durante esos días, sino después, en la línea de lo sostenido por los acusados el día anterior.
«Me enteré después en las noticias, por los periodistas», afirmó A. Kanka, técnico de mantenimiento eléctrico de la instalación. «No sentí temblor, la plataforma está en continuo movimiento en el mar y no sabes de dónde viene», añadió. En esa línea, A. Ansio, mecánico, estuvo en el turno del 2 al 17 de septiembre, durante la fase de inyección, y afirmó que no notó «nada fuera de lo normal».
Al mando esos días en la plataforma marítima estaba I. Babarrubio, supervisor de operaciones, quien explicó al detalle al tribunal el funcionamiento de la base. Durante esos primeros días de inyección de septiembre, los sismógrafos detectaron pequeños movimientos sísmicos. «Es un acto frecuente, yo llevo 20 años en esta industria y es frecuente. Lo que pasó es que aquí se detectó cuando era muy pequeño», comentó.
Los valores
El proyecto Castor, según Babarrubio, disponía de un «tipo de control totalmente inusual, que no se ve ni en plataformas nuevas del Mar del Norte, porque es muy costoso». Esto llevó a conocer los seísmos antes de que lo pudiera sentir el ser humano. «Hubo una modulación del caudal (de gas), está todo registrado en el sistema», añadió. La sala examinó también un correo electrónico, donde el supervisor se felicitaba del nivel de presión registrado en ese momento. «Estábamos a 139, muy lejos de cualquier valor de alarma, que estaba fijado en 195», aseveró.
Babarrubio afirmó que durante esos días, en la plataforma, el mensaje era de «tranquilidad total», y «mi turno se entregó con normalidad». Ese relevo --los equipos hacían turnos de dos semanas- lo tomó F. Talaván, supervisor. «Recibí una llamada de I. y me dio el parte de relevo», explicó, «y me dijo que se habían detectado temblores de muy escasa intensidad que no se habían percibido en la plataforma y que se había solicitado bajar el caudal». «Me indicó que el límite depresión no debía exceder de una determinada cantidad, y que si eso ocurría le llamáramos, pero ni siquiera se había acercado a ese límite», añadió. Talaván estuvo en la plataforma desde el último día del periodo de inyección, el 17 de septiembre, hasta entrado octubre. «Varios días después» del final de la inyección sintió temblores. «Dos estando despierto y dos me despertaron».
Estos temblores afirmaron haberlos sentido otros trabajadores de ese turno, como O. El Mensouri o A. Ruiz. «Durante el periodo de inyección, no, fue a posteriori», concretó este último, trabajador del mantenimiento eléctrico. «Fue de madrugada, me desperté en el camarote». Fiscalía le recordó entonces que en su declaración anterior a la Guardia Civil había afirmado sentir «movimientos sísmicos del 1 al 13 de septiembre», algo que matizó: «podían ser marítimos». El origen es algo que, según dijo otro trabajador, A. Ansio, «es algo que no puedo determinar yo». G. Carbó, operador de campo, apuntó que «no podría decir el día exacto». ¿Pensaron entonces que eran seísmos?, le preguntaron. «Luego sí lo hablamos, pero en ese momento, no», respondió
¿Causaron las inyecciones directamente los terremotos? Es una de las principales preguntas que sobrevuelan el caso Castor, donde la acusación popular pide siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS (Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau) por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico" según el escrito de acusación, y 123 afectados reclaman 1.845.000 euros por los daños morales. En ese sentido, buena parte de las declaraciones de hoy se centraron en la falla Amposta. Como informó previamente Mediterráneo, hasta siete investigaciones desvinculan los seísmos de esta falla (como sostiene el informe Juanes que arguyó el gobierno para clausurar la actividad de manera definitiva) y varios de ellos han moteado las declaraciones en la primera parte de la sesión del martes.
Controversia científica
Por ejemplo, ha declarado Arantza Ugalde, responsable de la sección sismográfica del Observatorio del Ebro, que ha participado en dos estudios (de 2016 y 2020) que señalan que la falla causante de los seísmos se encontraba por debajo de la falla Amposta, a más profundidad de donde se realizaron las inyecciones. La encargada de la monitorización, Estefanía Blanch, ha explicado que el Observatorio primero realizaba informes semestrales y que al detectar un "aumento inusual" en esas fechas de 2013 "el contacto fue más que diario" con Castor. También participó en tres estudios (2014, 2016 y 2021) que descartaban la falla Amposta, al descartar que los seísmos eran incompatibles con su geometría. Al respecto, ha afirmado que todavía existe "incertidumbre" en la comunidad científica para dilucidar la cuestión, algo que ha subrayado otro testigo, Sergio López, que era subdirector general de hidrocarburos en el Ministerio de Industria. "Falla Amposta sí, falla Amposta no, al final se lo remití a los técnicos porque había mucha controversia". López ha remarcado que las inyecciones de aquellos días no conllevaban la inclusión de Castor en el sistema retributivo, por lo que no había ningún tipo de incentivo económico ligado a ellas, y ha defendido la actuación de Escal durante aquellos días, de "total transparencia" y "coordinación impecable". Ha admitido que el día 24 de septiembre se decide, "tras el primer" seísmo "sentido por la población, con el nivel de alteración social en la zona, emitir la resolución" de "la paralización de las actuaciones" del día 26.
Así lo ha indicado también Jaime Suárez, que era su superior como director general del ramo. El escenario cambió con el "sismo de 3,6 del día 24", que hace que se tome la mentada decisión. Suárez ha justificado el cierre posterior definitivo porque "en 2014 se vio que había una relación directa entre las inyecciones y los sismos, según sugerían los técnicos, y se cerró para evitar cualquier riesgo para la población y el medio ambiente".
El primero en declarar había sido Joan Miquel Torta, director del Observatorio del Ebro de 2011 a 2009, que ha explicado cómo Escal, a través de Recaredo del Potro contactó con él a raíz de una intervención en una charla de presentación del proyecto en Tortosa, y cómo se aplicó su propuesta para monitorizar sismológicamente la zona. "Nos lo aceptaron", ha dicho, "firmé el contrato a finales del 2008". Cuando sucedieron los hechos juzgados ya no era director del Observatorio.
La tercera sesión se celebra este miércoles en la Ciudad de la Justicia, a partir de las 10.00 horas. Entre los testigos, salvo cambio de última hora, se esperan a varios de los primeros afectados.
