El pago por el uso de las autovías a través de un peaje impuesto por el Gobierno, a exigencia de la Unión Europea, vuelve a suscitar meses después el rechazo de agentes empresariales y políticos ante el impacto de la medida por su impacto en la actividad económica.
A falta de conocer el detalle de la aplicación de esta tasa, que el ejecutivo prevé implantar para el 2024, el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, fue de los primeros en salir a mostrar su oposición al cobro por utilizar las carreteras, pese a que las arcas autonómicas podrían beneficiarse y obtener fondos por el tránsito en las vías de su competencia. «En general, no es el momento para poner más tasas en la actividad económica», dijo el jefe del Consell, quien reconoció la necesidad de un estudio «medido» sobre la financiación de las infraestructuras e indicó desconocer la letra pequeña del planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, también mostró ayer su rechazo a los peajes al considerar que el sector del transporte es «el más desfavorecido», a la vez que recordó que la falta de alternativas como el Corredor Mediterráneo hacen que «haya que sacar las mercancías por camión».
«Todas las cuestiones impositivas que se pongan de manera unilateral no son bien recibidas», valoró Navarro, quien lamentó la confirmación del Gobierno tras «lanzar un globo sonda» sobre esta cuestión hace meses.
«Despropósito»
Mientras, la Asociación del Transporte de Mercancías por Carretera de Castellón señalaron que la medida es «un motivo de preocupación» para el sector y la creen «un despropósito».
«Si algo ha demostrado la crisis del covid es que sin transporte no hay consumo», añadieron, apuntando que la administración «debería tener en cuenta el carácter esencial de esta actividad y no gravar más esta labor».
Formaciones políticas como el Partido Popular de Castellón denunciaron que los ciudadanos «volverán a pagar por el uso de las autovías cuya liberalización garantizó el PP», según el diputado provincial, Salvador Aguilella.
También desde Unides Podem, su síndica en Les Corts, Pilar Lima, aseguró que su formación «no va a penalizar a las clases populares y trabajadoras».