Dos testigos-peritos y un perito técnico declararon en la sexta sesión del juicio del caso Castor, que pretende dilucidar en la Audiencia Provincial la responsabilidad de los directivos de Escal UGS en los seísmos acaecidos en Vinaròs y alrededores en 2013. Este miércoles, por un lado defendieron la seguridad del proyecto y, por último, se desvinculó la inyección de gas programada de ningún incentivo económico o regulatorio que condicionase esas operaciones.

Jesús Arteda, responsable de ingeniería del almacenamiento y director general de Geostock, que asistía técnicamente al proyecto, destacó que este era seguro y que no existían riesgos o incertidumbres relevantes. «Escal tenía uno de los mejores sistemas de monotorización que se ha construido», dijo. Explicó, como otros testigos en días anteriores, que la empresa reaccionó frente a la sismicidad (que era «común» en este tipo de almacenamientos) reduciendo el caudal de gas inyectado.

Arteda añadió que los seísmos de aquellos días se ubicaban, según los organismos oficiales, muy lejos del almacén, a unos 20 kilómetros, y a profundidades distintas a la plataforma. Además, las presiones registradas estaban muy por debajo de las preestablecidas, y en el momento de la inyección los técnicos descartaban su relación con la sismicidad.

El subsuelo

También declaró Enrique Hernández, director de la consultora Gessal que realizó los estudios del subsuelo e indicó que la «mal llamada» falla Amposta fue analizada por Escal y que era una falla segmentada, parcialmente inactiva y sin potencial sismogénico. Aseveró que el conocimiento del subsuelo que alcanzó Escal fue el más profundo y detallado que científicamente era factible en aquel momento.

Por último, el perito especialista en regulación, Carlos Solé, aseguró que Escal no tenía ningún incentivo económico o regulatorio que condicionase sus operaciones. Inyectar más o menos gas no tenía ningún efecto o beneficio para Escal, que debía esperar a la siguiente subasta de gas para alcanzar los mínimos exigidos para acceder al sistema retributivo.

La séptima sesión del juicio se celebrará el próximo martes día 2 de noviembre, tras el festivo del día 1, también en la Audiencia de Castellón y con las declaraciones de nuevos testigos y peritos.

Las sesiones

Durante once sesiones, la Audiencia Provincial de Castellón acogerá el juicio del conocido como caso Castor, donde están acusados los dos directivos de Escal UGS (el expresidente y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, respectivamente). El juicio trata de determinar su responsabilidad en más de 500 seísmos causados supuestamente por la inyección de gas en la plataforma Castor, situada en un antiguo yacimiento petrolífero marino de Amposta, en Tarragona, a más de 1.700 metros de profundidad y a unos 22 kilómetros de la costa castellonense de Vinaròs. El almacén de gas se clausuró definitivamente en el pasado año 2017.