Los juzgados de Primera Instancia de Castellón realizan más de cuatro juicios verbales al mes por okupaciones en lo que va de año. Así lo refleja el informe sobre el Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales que dio ayer a conocer el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, los datos disponibles en el 2021 abarcan los tres primeros trimestres del año. En total, han sido 41 los juicios ingresados en la provincia.
Es decir, una media de 4,5 casos al mes. El apartado recoge las okupaciones de viviendas, la mayoría de particulares, así como otras de entidades sin ánimo de lucro y de entidades públicas de viviendas sociales. Quedan fuera de este registro las okupaciones que suelen sufrir las viviendas deshabitadas de entidades bancarias o fondos buitre, que suelen recurrir a la vía penal.
La media de juicios verbales en la provincia desciende ligeramente respecto a años anteriores. En el 2019 se alcanzaron los 69 (con 5,75 de media mensual); y en 2020, los 57 (con 4,75). En el 2018 la cifra fue menor: 28.
Caso aparte son las denuncias por estos hechos, aunque no lleguen a los juzgados por esta vía. Durante el 2020, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia en la provincia de 130 casos de okupación ilegal de inmuebles, 49 más que en el ejercicio anterior y más del doble que en el 2016. Los datos del presente año no están disponibles.
Dean Martí
El informe del CGPJ ha visto la luz justo cuando Castelló debate sobre el caso de la okupación del edificio Dean Martí, también usurpación de vivienda, en este caso de un particular y del banco malo, la Sareb, por las molestias causadas a los vecinos de la zona, con varios robos y agresiones que desembocaron en la detención de dos menores por el apuñalamiento de una joven.
Por otra parte, el informe refleja un aumento de lanzamientos en la provincia. Han sido 122, 46 por ejecuciones hipotecarias y el resto por el impago de arrendamientos.
Más vigilancia
El portavoz del equipo de gobierno de Castelló, José Luis López, fue preguntado ayer por los hechos delictivos sucedidos en las últimas semanas, vinculados a los menores detenidos, que vivían en el edificio okupado en la calle Dean Martí. López apuntó que se ha aumentado la seguridad en la zona, en coordinación con la Policía Nacional, y calificó de «irresponsabilidad política» la vinculación por parte de la oposición de la falta de luz con el aumento de la violencia. «No hay datos que lo justifiquen», dijo.
Consejo Local de Seguridad
Begoña Carrasco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, pidió ayer abordar «de manera urgente el problema de la inseguridad ciudadana». Carrasco instó a la alcaldesa a convocar el Consejo Local de Seguridad para tratar el asunto. «La seguridad debe ser una prioridad. No puede ser que los residentes en la calle Dean Martí vivan atemorizados», indicó Carrasco. Desde Vox, por su parte, el edil Luciano Ferrer mostró su «preocupación» y dijo que «alguien tendrá que empezar a señalar las diferencias entre lo que nos venden y la realidad».
