Castellón tiene algo más de 85.000 jóvenes de entre 16 y 29 años y solo 1.600 de ellos vive fuera del hogar familiar. Y eso se traduce en una tasa de emancipación de apenas el 13,7%, uno de los porcentajes más bajos de los últimos veinte años. Para darle la vuelta a la situación (en el conjunto nacional solo el 14,9% de los menores de treinta se han independizado), el Consejo de Ministros aprobó ayer el bono joven de alquiler, una ayuda de 250 euros al mes para todos aquellos que tengan entre 18 y 35 años y con ingresos anuales inferiores a los 23.725 euros. Una medida que en Castellón afectará a unas 1.500 personas (10.000 en la Comunitat Valenciana) y, aunque de entrada es buena, los jóvenes la consideran insuficiente, por lo que reclaman políticas que ataquen la raíz del problema: la precariedad laboral.
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El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) revela que en un año la cifra de jóvenes que logran abandonar la casa de sus padres ha sufrido una fuerte caída. Al cierre del primer semestre del 2020 eran un 17,2% en la provincia, mientras que los que ahora mismo viven independizados ni siquiera llegan al 14%.
Cristina Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut enumera las causas que explican que la emancipación de los jóvenes de Castellón, lejos de aumentar, retrocede a cifras de principios de siglo. «La temporalidad de los contratos, los bajos salarios y la falta de estabilidad económica entre la juventud, junto con unos precios del alquiler desorbitados, impiden que la mayoría de las personas jóvenes en nuestro territorio tengan la estabilidad suficiente para dar el paso de independizarse», argumenta mientras reclama que las medidas para revertir la situación deben ser estructurales y a largo plazo. «Unas medidas que no pueden verse frenadas por la periodicidad electoral y deben trascender los cuatro u ocho años de un gobierno», dice.
¿Quién puede irse del nido?
Los jóvenes se sienten los reyes de la precariedad y los datos vienen a darles la razón. De los 13.600 asalariados de la provincia de entre 16 y 24 años, casi 11.000 tienen un contrato temporal y la tasa de eventualidad de los profesionales de menos edad (77,2%) triplica a la de entre quienes tienen entre 35 y 44 años (24,2%), según la última Encuesta de Población Activa (EPA). «Ser jóvenes es sinónimo de contrato temporal y, muchas veces, a tiempo parcial. Y si uno no sabe si seguirá trabajando dentro de cinco meses es difícil que pueda plantearse irse de alquiler o comprar una casa», explica Miguel Marí, presidente del Consell de la Joventut de Castelló.
Los sueldos también son un freno a la emancipación. El salario medio de los menores de 30 años se sitúa en 918 euros, mientras que el alquiler de una vivienda de entre 70 y 90 metros en Castellón no baja de los 400 euros. Y si una pareja de jóvenes quiere comprar, tendrían que destinar casi el 24% al pago de la hipoteca.
La raíz del problema está clara y los jóvenes insisten en que hay que atacarla. «Ayudas como el bono joven de alquiler son positivas pero necesita ir acompañada de otras políticas estructurales y a largo plazo que den una solución a las condiciones reales que impiden a las personas jóvenes acceder a la vivienda», coinciden tanto Martínez como Marí.