La onda expansiva generada por la tormentosa votación en el Congreso de la reforma laboral ha ensombrecido un hecho que tanto el Gobierno como los sindicatos y la patronal consideran incuestionable: la nueva normativa servirá para estabilizar el empleo de miles de trabajadores. En Castellón serán 53.000 los profesionales eventuales que podría pasar a tener un contrato indefinido y buena parte de ellos pasarán a ser fijos discontinuos, una modalidad poco utilizada hasta ahora en la provincia y que en los próximos meses cobrará un gran protagonismo.
Aunque fue votada el 3 de febrero, la reforma laboral se aprobó el 28 de diciembre de 2021 y entró en vigor el último día del año pasado y entre sus objetivos destacan la reducción de la temporalidad, impulsando los contratos indefinidos y penalizando a las empresas que abusen de esa eventualidad. Dos de los puntos clave de la nueva normativa son que elimina los contratos por obra y servicios (tendrán que convertirse en fijos discontinuos) y limita los eventuales por circunstancias de la producción a dos casuísticas: cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la producción (se permitirá utilizar un contrato temporal hasta un máximo de seis meses, ampliable a un año) y para cubrir actividades ocasionales (por ejemplo, rebajas, campaña de Navidad o temporada agrícola) cuya duración no podrá superar los 90 días.
La reforma laboral aspira a dar un vuelco a la contratación y los datos de la Seguridad Social así lo demuestran. De los 193.393 trabajadores afiliados en Castellón (en esta cifra no están los profesionales autónomos), algo más de 53.069 cuentan con un empleo eventual (el 27%), de estos últimos, 37.712 son a tiempo completo y 15.357 a tiempo parcial. Y la ley que entró en vigor hace mes y medio pretende convertir a todos ellos en fijos, bien de forma permanente o como fijos discontinuos, una modalidad en la que en estos momentos están incluidos 11.116 asalariados de la provincia.
Sectores más afectados
Aunque la nueva normativa impactará de lleno en todos los sectores económicos, los sindicatos estiman que hostelería, comercio y construcción están entre los más afectados. Y las gestorías laborales y los despachos de abogados especializados de la provincia así lo corroboran. «Las reglas del juego han cambiado y aquellas compañías que, por ejemplo, llegaba el verano y contrataban personal para la temporada van a tener que emplear a los mismos de la campaña pasada, que pasarán a ser fijos discontinuos», apunta Fernando Cumba, delegado provincial del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castelló.
La reforma laboral da tres meses de plazo a los empresarios para adaptarse a la nueva normativa, con lo que habrá que esperar a primeros de abril para constatar los primeros efectos de la ley.
134 investigadores de la UJI, en el limbo
La reforma laboral busca acabar con las altas tasas de temporalidad pero amenazan la continuidad de 134 investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón. Todos están contratados por obra y servicios, una fórmula contractual que desaparece con la nueva norma laboral.
La voz de alarma la ha dado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cuyo presidente, José Carlos Gómez Villamandos, ha cifrado en 25.000 los investigadores contratados por obras y servicios en el conjunto nacional y a los que la reforma deja a partir del próximo mes de abril en un limbo.
La Jaume I tiene en estos momentos a 166 personas contratadas o en previsión de contratación por obra y servicio vinculadas a actividades de investigación, cifra que incluye tanto de personal investigador como personal técnico de apoyo. De esta cifra, y según fuentes de la propia universidad, 134 están afectadas por la nueva legislación laboral.
Y, ¿cuál tendría que ser la solución? Los rectores proponen a los ministerios de Ciencia y Universidad la aprobación coordinada de la reforma laboral y la Ley de Ciencia. En ella creen que podrían definirse algunas figuras contractuales que darán respuesta a esta situación. e. a.
