La Conselleria de Vivienda enviará durante este 2022 unas 9.000 cartas (8.836) en la provincia de Castellón para recordar a los propietarios de inmuebles residenciales con más de 50 años de antigüedad --en concreto, los construidos ente 1901 y 1950-- su obligación de realizar una inspección del edificio. El objetivo es evitar posibles riesgos tanto a sus moradores como a los viandantes ante un derrumbe o caída de cascotes. Se trata del llamado Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que puede instar a posteriori a realizar determinadas obras de rehabilitación, pequeñas o de más calado, si así lo detecta el técnico tras la supervisión.
Desde la Administración autonómica recordaron que aunque el mandato es general para las viviendas de más de 50 años (construidas antes de 1971), lo cierto es que existe una moratoria hasta 2023, y cada año se suman nuevas viviendas a la obligación ya, sin excusas. En concreto, en 2021 el Consell detectó 12.498 viviendas en Castellón anteriores a 1901: 3.119 situadas en bloques de comunidades de propietarios (y a las que se remitieron cartas informativas) y 9.379 (residenciales de una o dos viviendas). Por cuestiones «de logística», la Administración autonómica solo remitió misivas a los bloques; y en este 2022 volverá a seguir con esta estrategia.
* Consulta aquí las bases 2022 de las ayudas económicas para el Informe de Evaluación del Edificio.
Más de 82.000 con medio siglo de vida
Ahora, se incorporan a la obligación las edificadas entre 1901 y 1950, que son 30.479 en Castellón (8.836 en bloque, a las que se envía el aviso; y 21.643 unifamiliares). Ya en el 2023, último año con moratoria, la cifra se volverá a ampliar y se enviarán 10.717 cartas más. Sumando, hay 82.836 viviendas con más de medio siglo de vida en Castellón y solo 2.214 tienen en vigor esta ITV, que caduca a los diez años --hace tan solo medio año, había 1.884 informes--.
"Los informes han cogido ritmo en enero"
El director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, señaló que el grado de cumplimiento es bajo (un 2,6% en Castellón). Se han efectuado 11.013 en Valencia, 5.166 en Alicante y 18.393 en toda la Comunitat. Pero la tendencia parece que está cambiando. «La respuesta ha sido muy buena en enero y se han hecho tantos registros de IEE como en el trimestre anterior del 2021. Ha cogido un ritmo considerable teniendo en cuenta que es un mes poco activo», valoró, sin detallar cifras.
Nuevos efectos: aseguradoras, ventas, hipotecas y encargos colectivos
Como novedad, Rubio reseñó que «ya nos han llegado noticias de ciertas aseguradoras que se acogen a que no está el IEE en condiciones para no cubrir ciertos daños y se hubiera podido evitar. Queremos proteger a las personas. Por ello lo primero es difundirlo, concienciar con las ayudas y con mecanismos de coordinación con los municipios».
Y agregó ejemplos de contratos colectivos de IEE, para rebajar los costes. Si un técnico cobra 300 euros por uno, si se piden 20 puede salir por la mitad.
Desde el portal inmobiliario idealista.com alertan que, antes de comprar una casa antigua, hay que ver si tiene pasada la ITE. No tenerla puede conllevar la denegación de la hipoteca o parar la venta.
Sanciones de hasta 6.000 euros
Quienes incumplan esta normativa --en especial aquellos a los que ya caduca la moratoria-- se enfrentan a sanciones de 6.000 euros (por edificio, no por propietario, si es un bloque), por infracción urbanística. Hasta ahora no se ha interpuesto ninguna. «No hemos iniciado ningún régimen sancionador (multa) de momento porque lo que estamos es a la espera de la respuesta de las personas a estos envíos de cartas», resaltó. Al término del 2021 se empezaron a enviar estos avisos, tras realizar campañas para trasladar a la necesidad de redactar estos informes y nos reunimos con municipios y agentes: arquitectos, administradores de fincas, etc. Ahora, de nuevo con misivas informativas, veremos cómo responde la gente; y más si cabe con la convocatoria aún abierta de ayudas económicas para los IEE», manifestó. «Pero si acaba el plazo de solicitudes de subvención --el 20 de abril-- y no se ha llegado a un número aceptable de informes, tenemos muy presente la posibilidad de iniciar expedientes sancionadores», avisó.
La autonomía con menos grado de cumplimiento
Pero, sobre todo, el responsable autonómico incidió en lo crucial: «Es importante destacar que nuestra intención es velar fundamentalmente por la seguridad de las personas y la regularización de una situación preocupante. Somos la autonomía con menos grado de cumplimiento de este documento, de los IEE, que es obligatorio en toda España. Y esto tiene sus implicaciones en seguridad vial y de las personas que allí habitan».
