Poner en marcha la transición energética ya no es una opción. No lo era hace unos meses y, ahora, todavía menos. La guerra en Ucrania ha destapado las consecuencias económicas de la dependencia de los combustibles fósiles y gobiernos de todos los colores abrazan con más fuerza que nunca las renovables. La solar y la eólica emergen como la alternativa prioritaria y en España el objetivo es conseguir un 90% de producción eléctrica verde en 2040. La Comunitat Valenciana también aspira a lograr la soberanía energética y la Generalitat prevé que en los próximos años se instalen unos 12.000 megavatios (MW) de renovables, 4.000 de ellos en Castellón.
El problema es que toda esa previsión, que comportaría una inversión millonaria y la generación de decenas de empleos, corre el riesgo de quedarse en nada. ¿El motivo? La mala planificación del Gobierno central que, de nuevo, discrimina a la provincia y no prevé gastar ni un céntimo en nuevas infraestructuras en las que poder descargar la potencia generada en los parques solares.
El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, que se aprobará dentro de muy pocas semanas en Consejo de Ministros y que recoge todas las inversiones que en materia de infraestructuras eléctricas se van a realizar en España, proyecta 2.031 millones de euros en adaptar las redes de transporte para facilitar el proceso de descarbonización y la implantación masiva de renovables en el sistema, pero el presupuesto para Castellón es cero. Un ninguneo que provocará que no haya capacidad suficiente para transportar toda la energía que generarán las plantas solares y que, además, los proyectos de huertos fotovoltaicos se aglutinen en los lugares donde ya existen infraestructuras de conexión.
¿MAT comarcales?
La consecuencia de no tener líneas de conexión en el interior será que a las empresas promotoras de las plantas no les quedará más remedio que construir una línea de alta de tensión que baje desde los parques (la mayoría están proyectados en localidades como les Coves, Vilafamés o Vall d’Alba) hasta la subestación de La Plana, en Almassora. O lo que es lo mismo: habrá que levantar MAT (líneas de muy alta tensión) comarcales y eso, previsiblemente, provocará el recelo social.
Los planes del Gobierno para Castellón son cero y en otras provincias del país como Badajoz, Cáceres o Albacete la hoja de ruta para facilitar la implantación de renovables es muy distinta. En Badajoz, por ejemplo, además de la subestación eléctrica que ya existe en la capital, se van a invertir 200 millones en nuevas infraestructuras de evacuación en Fuente Cantos, Llerena o Pinofranqueado, lugares donde habrá generación de energía renovable. Y esa es, además, unas de las causas que explican porqué Extremadura se sitúa por encima de la gran ola verde española.
Castellón puede perder el tren de las renovables y lo más grave es que la única zona de España donde existe un vacío total de inversiones es a la vez, una de las que más energía consume. Si hasta ahora no se ha generado energía renovable por la maraña burocrática y la inseguridad jurídica, lo más probable es que tampoco pueda hacerse en un futuro por la falta de inversión en nuevas infraestructuras. Y sin renovables el hidrógeno verde, la gran esperanza del sector azulejero para descarbonizarse y no depender del gas, tampoco será factible.
