Salarios y precios caminan por senderos cada vez más alejados. Ya lo hicieron en 2021 pero este 2022 las distancias son todavía más abismales. La inflación escaló en marzo hasta el 9,8%, la tasa más alta desde 1985, inflamada por la invasión rusa de Ucrania y con la energía y los alimentos como principales enemigos de las economías domésticas, mientras que en Castellón los sueldos pactados en convenio en los dos primeros meses del año apenas recogen un incremento retributivo del 1,60%. O dicho de una manera mucho más clara: los precios crecen seis más que los salarios.
Para que el golpe de la subida de precios no sean tan duro, los convenios de uno de cada tres trabajadores de la provincia tienen incorporado las llamadas cláusulas de revisión salarial que, en contextos como el actual, permiten la actualización de los sueldos para minimizar la pérdida de poder adquisitivo. El problema, explican los sindicatos, es que la inmensa mayoría de los acuerdos laborales que incluyen dicha cláusula tienen también un tope que por lo general oscila entre el 3 y el 5%, es decir, menos de la mitad del IPC de marzo. ¿La conclusión? Los sindicatos estiman que nueve de cada diez asalariados de la provincia pierden poder de compra, lo que traducido a cifras absolutas significa que unos 185.000 trabajadores tienen que hacer frente con los mismos ingresos a unos gastos que no dejan de aumentar.
Francisco Sacacia, secretario general de UGT en Castellón, explica que la inmensa mayoría de los convenios que tiene cláusula de revisión salarial son de ámbito sectorial. «Prácticamente no hay ningún acuerdo de empresa que incorpore esa fórmula y, los sectoriales que sí tienen dicha cláusula incluyen topes. Y no existe ningún convenio en Castellón cuyo tope sea, por poner un ejemplo, un 7 o un 8%, con lo que en estos momentos el 90% de los asalariados de la provincia pierden poder adquisitivo», argumenta.
La pérdida de poder de compra golpea de lleno a miles y miles de trabajadores y si se tiene en cuenta que el salario medio en Castellón es de 19.556 euros brutos anuales (datos del Ministerio de Hacienda), el mordisco supera los 1.600 euros por asalariado. Y ahí es donde los sindicatos insisten en la necesidad de subir los sueldos para proteger al trabajador del coste de la vida. «Un incremento del 7,5% entendemos que no es asumible por parte de las empresas, pero lo que tampoco está nada claro es que el pato siempre lo paguen los mismos», defiende Albert Fernández, secretario general de CCOO en Castellón.
La negativa de la patronal
Tanto UGT como CCOO defienden que hay que subir los sueldos (a nivel nacional los dos sindicatos han pedido incrementos del 5% en las remuneraciones de los empleados), pero la patronal no quiere ni oír hablar de alzas salariales ni mucho menos definir las cuantías que los empresarios están dispuestos a ofrecer para este año. Y el Banco de España se posiciona del lado de los empresarios y alerta de una espiral de precios si no hay contención salarial.
Inmaculada García Pardo, directora general de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) pedía hace tan solo unos días una reflexión en la negociación colectiva y advertía que «equiparar los salarios a la inflación va a ser imposible», mientras que los sindicatos avisan de las consecuencias de no incrementar las retribuciones. «Para la patronal nunca es el momento de subir sueldos. No lo es ahora, pero tampoco lo fue cuando las cosas iban bien», critica Sacacia para quien la pérdida de poder adquisitivo acabará repercutiendo en el empleo. «Si las familias tienen que apretarse el cinturón el consumo caerá y, con él, la economía.», avisan tanto el líder de UGT como el de CCOO.
