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El Periódico Mediterráneo

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El colapso ahoga a la justicia provincial

El atasco judicial sigue con pleitos para dentro de un año y medio en Castellón

Los juzgados superan en un 60% la carga de trabajo pautada. Exigen reforzar Menores, Penal, Violencia sobre la Mujer o Mercantil

Una funcionaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló trabaja entre expedientes acumulados. N. BALAGUER

Los funcionarios de Justicia se manifestaron hace unos días en Castellón para exigir más medios y una mejora salarial ante la elevada carga de trabajo que soportan. Y es que, según señalan fuentes sindicales, la sobrecarga de asuntos en la provincia supera en un 60% la ratios marcadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hecho que ha provocado un aumento sustancial de las bajas por estrés y ansiedad, según indican desde CSIF y Comisiones Obreras.

En Castellón los juicios se señalan ya a 18 meses vista ante la falta de órganos judiciales y la insuficiencia de los refuerzos, según denuncian las mismas fuentes.

Esta semana la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, dictó un acuerdo por el que designa las plazas en las que prestarán servicio 22 miembros de la LXXI Promoción de la Escuela Judicial, en su fase de sustitución o refuerzo. Tres de estos juristas han sido destinados a órganos de Castellón, concretamente, a reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Nules y otros dos a sustituir a los titulares que por traslado, licencia o concurso han dejado vacantes las plazas del Juzgado único de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe y Penal 1 de Castelló.

575.000 euros para refuerzos

Sin embargo, los medios personales no son suficientes a ojos de los funcionarios, que critican las «plantillas mermadas» y avisan de que los casos se resuelven «por las horas extra y el buen hacer del personal». Por su parte, como publicó recientemente Mediterráneo, la Conselleria de Justicia invertirá este año 575.000 euros en reforzar las plantillas de los juzgados de Castellón. En una respuesta parlamentaria a Podemos, Gabriela Bravo señaló que su departamento ha incrementado por 18 el presupuesto para refuerzos judiciales desde 2015 hasta 2022, pasando de 31.000 euros a 575.000 o, lo que es lo mismo, de cinco personas a más de 125 este año. 

Sin embargo, los sindicatos insisten en que las medidas de la Conselleria son «parches» para un problema que necesita «soluciones reales, de calado». 

Colapso en el registro civil

Desde CSIF, Arturo Losada insiste en que el atasco en generalizado en toda la provincia. Recalca los problemas existentes en el Registro Civil y habla de la necesidad de un «servicio exclusivo». «El sistema de citas previas está colapsado y los funcionarios pagan las iras de los ciudadanos. Las horas se agotan en cuanto salen y la aplicación no permite reservar las de otro día, de manera que hay que intentarlo a diario», lamenta el representante sindical, quien recuerda que esta área realiza trámites tan importantes como las nacionalidades o los nacimientos, entre otros.

Menores y Segorbe

Por su parte, María Ahicart, delegada de Comisiones Obreras, recuerda que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón está totalmente «sobrepasado», así como el área de Mercantil, que precisa de un segundo órgano en la capital. «En Menores están trabajando con un gestor, tres tramitadores y un auxilio, que es una plantilla muy escasa para asuntos que son urgencias y de una delicadeza especial», señala Ahicart, quien hace también mención al caso de Segorbe, donde un juzgado único asume asuntos tan diversos como el Registro Civil, las guardias, los casos de violencia de género o los pleitos por preferentes. 

En cifras

Los juzgados de lo Contencioso de Castellón -- aquellos que resuelven los conflictos entre entre ciudadanos o personas jurídicas y las Administraciones Públicas-- presentaron en el 2021, el último ejercicio del que hay datos, el mayor atasco de toda España. Así lo muestran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan la tasa de pendencia de esta jurisdicción en 9,11 en la provincia , una cifra que triplica a las de Valencia (2,56) y Alicante (3,13) y que se erigió la más elevada del país. 

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