La Ciudad de la Justicia de Castelló albergó ayer la última testifical del llamado caso Subdelegación. La causa, que conduce el Juzgado de Instrucción nº1 de Castellón, trata de poner luz en la supuesta trama de facturas falsas en la institución, que salpica a dos subdelegados de Gobierno en Castellón, el socialista Antonio Lorenzo (2007-2011) y el popular David Barelles (2012-2017), ambos investigados junto a varios funcionarios --con el tesorero Vicente G.M. a la cabeza-- y decenas de empresarios por delitos de falsedad documental y malversación. Fuentes judiciales dan «prácticamente por cerrada» esta fase de instrucción que investiga a 34 personas. «En breve», aseguran, el juez decidirá si abre juicio oral u opta por el sobreseimiento.
Además de las declaraciones testificales que ayer culminaron, durante esta fase de diligencias previas el juzgado requirió nuevamente a la Policía Nacional para que realizara un informe sobre la cuantificación del presunto fraude. En esa línea, se practicó una amplia pericial que señala numerosas «irregularidades» y «deficiencias en la gestión de gasto y pago de las facturas analizadas».
Informe pericial
«Gestión ineficiente de los recursos públicos», «dificultad para conocer la autenticidad», «gastos sin información», «descripciones insuficientes», «deficiencia en el control» o «prácticas inadecuadas» son algunos de los calificativos que incluye este demoledor Informe pericial sobre la legalidad, eficacia y economía de los gastos satisfechos por la Subdelegación del Gobierno de Castelló durante los años 2004 a 2017. Gastos de comidas, repostajes, uniformes o papelería, entre otros, pasan por la lupa de la perito asignada.
En las conclusiones de la pericial se destacan varias «irregularidades y deficiencias». Por ejemplo, se analizan facturas que «no cumplen los requisitos» del Reglamento, así como justificantes «para los que ni siquiera consta el objeto de la prestación», y donde «no se ha podido comprobar que el gasto efectuado sea adecuado al fin para el cual sea entregado».
Además, indica que «los gastos por atenciones protocolarias y representativas y por reuniones carecen de una adecuada justificación» y, por ello, no se puede asegurar que «los gastos por comidas y otros conceptos sean necesarios». En este ámbito y en el apartado de conclusiones, añade que «se han producido gastos en comidas para los que no existe una necesidad de interés público» y cuestiona algunas de las dietas.
Pagos en efectivo
También se destaca la existencia de «justificantes cuyo pago no se ha realizado mediante transferencia» y que «los pagos en efectivo, incluso los realizados por encima de 100 euros, eran práctica habitual». En este sentido, «llama la atención» sobre «la existencia de pagos en efectivo a un proveedor emplazado en Tarragona» por más de 83.000 euros.
Asimismo, verifica «una gestión ineficiente de los recursos públicos» en los conceptos de vestuario y atenciones protocolarias. Otro apartado a subrayar es la adjudicación de los contratos de combustible y material de oficina, «adjudicados directamente a los proveedores Cepsa y Mª Estrella Ramírez». «Se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos» relativos al propio procedimiento.
Gastos electorales
La pericial señala igualmente una serie de facturas «correspondientes a gastos electorales» que «no se producen como consecuencia de la celebración de los procesos electorales», un aspecto que ha centrado varias de las testificales realizadas. Además, apunta que otras de las facturas analizadas, satisfechas a través del Edificio La Pau hasta el 2012, «carecen de la acreditación justificativa de conformidad con el servicio prestado».
En el desarrollo del informe pericial se han estudiado 1.750 facturas y el fraude total de las presuntas piezas falseadas en la trama de pitufeo podría superar el millón de euros.
