Las localidades con más peso turístico y las patronales del sector de la provincia de Castellón plasmaron este lunes que todas comparten en su postura el rechazo a la tasa turística. Lo hacen cara a que la ley que contiene la polémica medida llegue este jueves a Les Corts con su toma en consideración.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) llamó a la «responsabilidad y coherencia» a todos los grupos políticos «para que abandonen la tramitación de la proposición de ley de la tasa turística sine die dada la situación económica y social actual». Los empresarios del sector defendieron que «nadie entendería la puesta en marcha de un nuevo impuesto completamente innecesario» pues argumentó que «con una economía debilitada, una inflación desbocada y un empobrecimiento generalizado, continuar con esta tramitación pesará como una losa sobre empresas y trabajadores del sector».
Sin justificación
También la patronal Hosbec incidió en que «no se da ninguna condición para crear este impuesto innecesario» y añadió que «los pactos políticos deben ajustarse a la realidad», instando al Consell a abandonar el trámite. En este sentido se refirió a la intención del PSPV-PSOE de apoyar la medida en Les Corts para cumplir el acuerdo con sus socios de Compromís y Unides Podem, pero no aplicarla en las localidades.
De hecho, fueron mayoría los consistorios con alojamientos y de signo socialista los que señalaron que no pondrán en marcha el gravamen. Uno fue el de Almenara, con su alcaldesa, Estíbaliz Pérez, al considerar que «no es el momento», pues «estamos cogiendo aire de la pandemia y entramos en una guerra que nos lleva a una situación económica de incertidumbre». También en la Vall d’Uixó, su munícipe, Tania Baños, defendió que «no es el momento» .
En el norte de Castellón, el concejal de Interés Turístico de Vinaròs, Marc Albella, afirmó que su Ayuntamiento no pondrá en marcha la tasa «al menos esta legislatura», bajo el precepto una vez más de que «no es el momento». En Benicarló, la alcaldesa, Xaro Miralles, tampoco hará efectiva la medida todavía: «Por las características turísticas del municipio no vemos necesario aplicarla y tampoco hay una demanda del sector», dijo.
Negativa
El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, se reafirmó en respetar el acuerdo aprobado en su Consejo Municipal de Turismo de que por ahora no se aplicará. En Orpesa, donde gobierna una coalición entre PSPV y Ciudadanos, la munícipe, Araceli de Moya, mostró también su negativa a la tasa. Y fuentes de la concejalía de Turismo de Castelló aparcaron su entrada en vigor al verla oportuna en destinos más masificados.
Burriana fue la única población que se mantuvo al margen: «De momento es un tema que no hemos tratado en profundidad», aportó la concejala de Hacienda, Cristina Rius.
Por tanto, de salir adelante la ley, su impacto efectivo en la provincia será prácticamente nulo, pues los consistorios en manos del Partido Popular volvieron a reafirmar su «no es no» a la tasa turística, tal y como valoró la primera edila de Benicàssim, Susana Marqués, o el munícipe de Peñíscola, Andrés Martínez, quien calificó el gravamen de «error» y de «una hipoteca que paga el PSPV-PSOE con sus socios del Botànic por mantener los sillones y su gobierno».
«El coste para la economía y el turismo de la provincia va a ser muy perjudicial aunque no se aplique, ya que tendrá un efecto disuasorio», vaticinó Martínez.
Informan A. Boix, J. Ortí, M.A. Sánchez, M. Mira, J. Flores, I. Calpe y E. Bellido.
