La voz del vecino de Nules al que Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV) dejó abandonado en la estación de l’Eliana en plena noche, porque alguien consideró injustificado llamar a un taxi a pesar de que no pudo subir al autobús público con el que iba a llegar a su casa porque la plataforma elevadora estaba averiada, ha llegado al Síndic de Greuges, que ha decidido tramitar una queja «de oficio» para esclarecer lo sucedido y exigir responsabilidades. Desde este organismo fiscalizador consideran que la actuación de FGV «o la falta de ella, ha podido vulnerar los derechos de la persona afectada», el nulense residente en la Pobla de Vallbona, Javier Monferrer.

Los primeros sorprendidos por su caso fueron los responsables de la Conselleria de Política Territorial, según declararon a Mediterráneo. Tras saber de los hechos por este periódico, según confirmaron al día siguiente, dijeron que había estado «muy mal» y que no había excusa para no facilitar un taxi adaptado al afectado.

Explicaciones en un mes

Desde Conselleria emplazaron a Javier Monferrer, protagonista de este incidente, a presentar una queja formal. Lo haya hecho o no, ahora FGV tendrá que abrir una investigación, porque el Síndic de Greuges les ha dado un plazo máximo de un mes para que remitan «un informe detallado sobre los hechos que se produjeron el lunes 1 de agosto ante la imposibilidad de acceder una persona con movilidad reducida en el transporte habilitado sustitutivo del metro».

Deberán explicar por qué al menos dos días seguidos el bus con el que la Conselleria daba servicio a los usuarios de la línea 2 del metro entre l’Eliana y Llíria    --cortada por obras-- lo hizo con la plataforma elevadora rota.

También deberán indicar las razones por las que alguien desde «la central», como le indicaron al afectado, decidió que no estaba justificado habilitar la alternativa del taxi adaptado que contempla la norma. Incluso deberán precisar el tiempo que Monferrer tuvo que esperar por la incidencia.

El Síndic de Greuges recuerda que el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana «indica que se garantizará en todo caso a las personas afectadas de discapacidad el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal».