La unidad se impuso este martes en el pleno de la Diputación de Castellón pese a los numerosos reproches entre los grupos políticos y permitió sacar adelante el compromiso de activar una batería de medidas en apoyo a los municipios afectados por los incendios en agosto, además de respaldar al sector del azulejo e instar al ejecutivo central a adoptar acciones frente a la grave crisis energética que sufre en estos momentos.
La corporación provincial aprobó una declaración institucional por unanimidad que contempla la puesta en marcha de un plan de empleo para que las localidades afectadas por los fuegos de les Useres y Bejís puedan contratar a personas desempleadas para la reparación de instalaciones y servicios municipales afectados. También se pactó la creación de líneas de ayudas en coordinación con la Generalitat y su anunciado plan de recuperación, en aras de que los ayuntamientos activen ayudas a autónomos y pymes, así como complementar las ayudas que otras administraciones destinen a las viviendas afectadas por los incendios, tanto de primera como de segunda residencia, hasta alcanzar el 100%.
El documento contempla además la aprobación de líneas nominativas de ayudas a los ayuntamientos afectados, así como la prórroga de todas las líneas y programas de ayudas para que estos municipios no tengan problemas de incumplimiento de plazos, así como que el Patronato Provincial de Turismo diseñe planes específicos para recuperar la actividad turística en estas localidades.
Consternación
El presidente de la Diputación, José Martí, mostró «la consternación de todos» por la virulencia del incendio y puso en valor el trabajo realizado por los servicios de emergencias, entre ellos los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.
Ahora bien, tras la celebración del consenso de Martí, el pleno abrió una explicación de voto con intervención de todos los grupos políticos, algo excepcional en una declaración institucional, lo que dio pie a los reproches en un contexto claramente preelectoral para que cada portavoz marcara su postura, incluso dentro del equipo de gobierno, si bien el choque principal fue con la oposición.
«El equipo de gobierno de la Diputación ha tardado un mes para aprobar una declaración de intenciones cuando en 2012 se tardaron días en aprobar ayudas. El PP no va a permitir que las ayudas que tanto necesitan los afectados se eternicen. El gobierno de la Diputación ha de estar a la altura», recalcó la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, aludiendo a la labor del entonces presidente popular, Javier Moliner.
Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE, Santi Pérez, respondió que ha sido «una actuación rápida y efectiva sin precedentes, en cuyo proceso se ha establecido en Bejís una oficina para asesoramiento e información de las personas afectadas, con el fin de que pueda solicitar ayudas», a la vez que incidió en que «nunca se había actuado con tanta celeridad y contundencia por parte de la Generalitat Valenciana para apoyar a ayuntamientos y personas privadas».
Mientras, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, reivindicó que los municipios afectados por los incendios «necesitan unidad y plenas garantías, y que Compromís, y el resto de partidos, estaremos a su lado». También plasmó la necesidad de abordar la gestión actual de la masa forestal.
Desde Ciudadanos, Cristina Fernández, instó a reforzar las acciones preventivas para evitar este tipo de siniestros con la inversión necesaria, preguntándose si el próximo verano volverá a estar marcado por los incendios y recordando el empuje a la despoblación que pueden suponer.
19 acuerdos para la cerámica
En cuanto al sector del azulejo se refiere, el pacto unánime de la corporación se plasmó en 19 acuerdos para paliar la crisis que atraviesa el clúster, aunque esta vez sin matiz alguno por las formaciones políticas pese a seguir la misma vía de tramitación que la anterior declaración institucional.
Entre ellos figura instar a ampliar las ayudas del Gobierno a sectores gasintensivos, compensar con inversiones el pago de derechos de emisión de CO2 y evitar la especulación en el mercado, pedir al Consell habilitar una línea de ayudas, e incorporar los ERTE por costes energéticos.
Protesta
La sesión ha incluido una protesta de representantes sindicales de la Diputación de Castellón, quienes han urgido el desarrollo de la carrera profesional. Al respecto, durante la sesión, la vicepresidenta, Patricia Puerta, ha recordado que hay prevista una reunión este viernes sobre esta cuestión. Y es que la corporación encargó una auditoría para concretar las necesidades de la institución y proceder, junto a los servicios jurídicos de la casa, a reactivar la carrera profesional, que cayó en su día por una sentencia judicial.
