Sin necesidad de agotar el plazo legal como el año pasado y con una puesta en escena mucho más natural y distendida que no reflejaba las tensiones de ejercicios anteriores, el Consell del Botànic ha aprobado un presupuesto autonómico que, por primera vez, supera los 30.000 millones incluidos todos los conceptos.
Para cuadrar las cuentas la comisión negociadora del Botànic ha tenido que estirar el capítulo de ingresos hasta cifras récord, aunque no ha hecho falta tirar este año de más partidas reivindicativas que la ya habitual de la infrafinanciación, que alcanza los 1.336 millones, y sin incluir los mil de la transición a la normalidad del año pasado por la covid. Y no ha sido necesario por la ampliación de las transferencias del Estado que llegan hasta la cifra récord de 13.540 millones, un 25% más frente a los 10.865 que se presupuestaron el año pasado.
Los mayores ingresos del Estado han provocado que en el último lustro las transferencias aumenten un 30%. Entre esos fondos de 13.450 millones y la partida de la infrafinanciación se cuadran 15.264 millones.
El aumento de ingresos llega también por los fondos de la UE, 1.187 millones, y por la refinanciación de la deuda valenciana, la mayor parte en manos del Estado, que permitirá rebajar el gasto financiero en 800 millones. Atender la deuda en 2022 cuesta 7.406 millones. Sin embargo para 2023 se presupuestan 6.607 millones, un 10,8 % menos, lo que permitirá ampliar inversiones en un año de elevada incertidumbre por el impacto de la inflación.
Ampliación de los pagos
El conseller de Hacienda, Arcadi España, explica que se ha producido una reestructuración de la deuda, de manera que al ampliarse los plazos de pago, el volumen anual a abonar disminuye y ese dinero puede destinarse a atender otras urgencias, que las hay. Así los recursos disponibles para atender el gasto social valenciano aumentan incluso aunque los intereses vayan a crecer por la subida de tipos que acaba de certificar el Banco Central Europeo.
Esa refinanciación de la deuda la realiza el Estado porque casi toda la deuda autonómica, más de 50.000 millones, está ya en manos del Gobierno. Es una nueva forma de paliar el déficit de las autonomías más afectadas por el injusto sistema de financiación autonómica, como la valenciana.
Además, para cuadrar las cuentas se incluye también el denominado FOGA histórico, el gasto que la sanidad valenciana realiza cuando atiende a pacientes de otras autonomías. Se trata de una cantidad que aumenta cada año, que ya se ha situado en 800 millones, pero que el Gobierno, de ningún color político, abona desde hace al menos una década por lo que las opciones de ingresar esa cantidad no parecen elevadas a tenor de los antecedentes.
Pero el Consell la incluye para poder ampliar la dotación de recursos en el año en el que toca hacer frente a la subida de precios y los efectos de la inflación. La gestión de los números rojos (6.607 millones) sigue siendo la segunda conselleria en volumen de gasto, por delante de Educación (5.520 millones) y por detrás de Sanidad (8.258 millones)
En las cuentas para 2023 la Generalitat supera por primera vez en la historia los 6.000 millones en ayudas y subvenciones directas a empresas y ciudadanía. La vicepresidenta Aitana Mas y el conseller Arcadi España han asegurado que la clave es apoyar a las familias y empresas ante el impacto inflacionario.
El gasto real sube 10.000 millones en una década hasta llegar a 22.116
El gasto real de la Generalitat, excluido el sector público y el servicio de la deuda, alcanza otra cifra récord de 22.116 millones. Desde 2015, el último presupuesto presentado por el PP el Consell ha visto aumentar sus recursos en diez mil millones. El último presupuesto de los populares contaba con 13.001 millones, lo que supone un aumento del 70 %. De ese modo, los recursos que tiene el autogobierno para hacer política no dejan de crecer. Solo en un año el salto es de 1.400 millones, de los 20.703 a los mencionados 22.116, un 6,8% más.
El gasto de personal llega a 8.123 millones, 6,8% más, por el refuerzo de la atención a los servicios públicos y el incremento retributivo del funcionariado.
