El distrito único divide a la escuela pública y concertada en Castellón

La Conselleria de Educación presentó ayer ante los sindicatos de la mesa sectorial el proyecto de decreto de admisión del alumnado en los centros valencianos desde Infantil a Bachillerato, que polariza de nuevo la educación pública y concertada, volviendo al modelo implantado por el PP en el curso 2013/14, y que el Botànic cambió en el curso 2016/17. En la provincia, la medida afecta a Castelló, Vila-real, la Vall d’Uixó, Benicàssim y Vinaròs, que dividen sus distritos con oferta de centros públicos, concertados, con jornada continua o partida en cada uno. 

La medida, que prevé implantarse el próximo curso, solo cuenta con el apoyo de la educación concertada, y el muro de familias y sindicatos de la pública. La polémica reside en que los colegios podrán asignar un punto que será clave para admitir o no a los alumnos, en un sistema que ahora da preferencia a la escuela de barrio, con más puntos. El modelo que quiere reponer el PP elimina estos criterios de proximidad para dar «más libertad a las familias para escoger, garantizando la igualdad de oportunidades al alumnado, eliminando barreras geográficas y facilitando la movilidad social», como dijo ayer el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo. 

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos se mostraba «totalmente a favor», al entender que es «una ampliación efectiva de la libertad de elección de las familias para el ejercicio de sus derechos». «Hay un nuevo clima de recuperación de libertad y derechos», apuntaban. 

Posturas polarizadas

Desde la pública, la visión es antagónica. Pep Albiol, presidente de Fapa Castelló, pidió ayer «la retirada de la propuesta normativa, por segregadora y claramente perjudicial para el alumnado al derivarlo a la concertada». Y, según Albiol, «deja claro el modelo educativo de la nueva Conselleria y que, además, puede crear precedente para crear zonas escolares supramunicipales», explicó.

Desde los sindicatos, se ve más o menos igual. Stepv, el sindicato mayoritario, criticó que el distrito único «trata de favorecer a la concertada y promueve la segregación, disfrazada de la libertad de elección». Anpe reclamó a la Conselleria una admisión «equilibrada, sin discriminaciones y priorizando la educación pública», mientras, el Csif urgió «garantías para las plazas docentes».