El veto a las quemas deja decenas de fincas de Castellón con ramas por el suelo o sin podar: "Es un sinsentido"

Para una provincia como la de Castellón donde el cultivo rey es la naranja, los meses de mayo y junio son sinónimo de poda. Tijeras, serruchos y motosierras se afilan y engrasan para llevar a cabo una tarea que quienes se dedican a producir cítricos consideran esencial para garantizar que, la próxima temporada, la fruta alcance un tamaño óptimo. Pero este año los agricultores se enfrentan a un problema (otro más) inesperado. Desde mediados de abril y para evitar incendios, en aquellas fincas que se encuentran a menos de 500 metros de terreno forestal está prohibido quemar los restos vegetales, por lo que la imagen en decenas de parcelas es desoladora: montones de ramas en el suelo y campos en los que los propietarios, al no poder deshacerse de los restos, han decidido no podar. Los agricultores aseguran que la situación es insostenible, avisan de las consecuencias y reclaman a la Generalitat que reconsidere una prohibición que, en principio, se mantendrá hasta el 15 de octubre.

El Consell adelanta dos meses el veto a las quemas y enfada a los agricultores

 Aunque en aquellas fincas donde sí es posible se está recurriendo a máquinas trituradoras (las empresas de servicios agrícolas de Castellón confirman que la demanda ha aumentado tras la entrada en vigor del veto a las quemas), en muchas parcelas de la provincia las máquinas no pueden entrar. «Si tienes que transportar todos los restos a la zona de la finca donde sí puede acceder la trituradora los costes se disparan», describe Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera. 

Otra opción que tiene el agricultor, y que resulta todavía más cara, es alquilar los servicios de un camión para transportar esos restos de poda hasta un centro gestor. «El coste de este servicio es elevadísimo, por lo que casi nadie recurre a esta alternativa», añade Peris.

Manuel es uno de los citricultores de Castellón afectados por la prohibición de las quemas. «Tengo un huerto en Onda ya verdad es que no sabía que hacer. Primero pensé en podar y quemar, aunque me expongo a una multa y, lo que es peor todavía, a que haya un incendio ya que al lado de mi finca hay varias parcelas abandonadas. Finalmente he optado por no podar, aunque la próxima campaña tendré pérdidas importantes», asegura este productor que prefiere que no se publique su apellido y que confiesa que está en un sinvivir. «La situación es insostenible y como yo somos muchos los que en la provincia nos enfrentamos a un problemón como este», añade.

Autorizaciones

Aunque la normativa publicada hace algo más de un mes por las Consellerias de Justicia y Agricultura veta las quemas con carácter general, sí establece algunas excepciones por motivos fitosanitarios o cuando se trate de fincas en transformación. Para poder acogerse a uno de estos supuestos, no obstante, hay que solicitar una autorización administrativa y los agricultores lamentan que esta situación tampoco es la panacea. «Buena parte de las peticiones se rechazan y, además, la administración tarda mucho en responder», denuncian a pie de campo.

Los datos les dan la razón. Desde mediados de abril y hasta el 7 de mayo, la Generalitat desestimó la mitad de las peticiones recibidas para quemas agrícolas. En total entraron por ventanilla 26 y solo 13 fueron favorables. «Las autorizaciones excepcionales se están dando a cuentagotas. Además, la inmensa mayoría de los agricultores opta por no pedirlas, ya que desde el punto de vista burocrático el tema es complejo. Hay que hacer un informe técnico, validarlo... y la Conselleria tarda como mínimo 15 ó 20 días en resolver si te da o no el permiso», añade el máximo responsable de la Unió Llauradora i Ramadera.

Reunión con el Consell

El veto a las quemas, que afecta también a cultivos como el olivar o los frutos secos, está provocando importantes problemas en el campo y el sector insiste en que necesita una solución ya. «No podemos aguantar más y si o sí necesitamos gestionar la poda», insiste Peris que reclama adaptar la normativa al riesgo climatólogico. 

La Unió, de hecho, ya ha solicitado una reunión urgente y conjunta con las Consellerias de Justicia y Agricultura. «De momento ni nos contestan ni nos reciben, pero lo que sí tenemos claro es que esta situación hay que cambiarla».  

Suscríbete para seguir leyendo