Precios por las nubes y menos oferta de alquiler en Castellón tras un año de la ley de vivienda

El 26 de mayo del 2023 entraba en vigor en España la primera ley de vivienda, una normativa que nació con el objetivo de abaratar el precio de los alquileres y mejorar una oferta que, al menos en Castellón, hacía años que evolucionaba cuesta abajo y complicaba todavía más el acceso de los jóvenes y las familias con menos recursos a un arrendamiento. Hasta aquí la teoría. La práctica, sin embargo, es muy distinta y doce meses después las agencias inmobiliarias de la provincia aseguran que la normativa ha tenido justo el efecto contrario al perseguido: los precios se han vuelto aún más prohibitivos y el parque de viviendas para alquilar toca mínimos históricos.

Francisco Nomdedeu, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Castellón (Coapi), resume en pocas palabras cuáles han sido las consecuencias de una ley que ya nació con polémica y que el Gobierno pactó con ERC y EH Bildu. «La oferta ha aminorado y los precios han subido más, lo que significa que determinados colectivos aún tienen más complicado acceder a una vivienda», describe.

Las inmobiliarias aseguran que encontrar un piso para alquilar durante una larga temporada es cada vez más difícil y los datos les dan las razón. El Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, cifra la oferta de viviendas para arrendar en Castellón en 7.688, casi 1.300 menos (un 14% menos) que al cierre del 2022, cuando la cantidad era de 8.971.

El parque de pisos para alquiler decrece y Nomdedeu lo achaca a que en los últimos meses decenas de propietarios han decidido sacar su viviendas del mercado del alquiler tradicional y destinarlas al arrendamiento temporal (sobre todo al vacacional) o directamente venderlas. «Además, cada vez exigen a los inquilinos unos requisitos más duros», apunta el máximo responsable de los agentes de la propiedad inmobiliaria que ve necesario reconducir la ley de vivienda y dar más garantías tanto a los propietarios como a los inquilinos.

Precios por las nubes

La cada vez más raquítica oferta para alquilar provoca que los pisos disponibles en la provincia vuelen en apenas minutos y, además, que los precios no toquen techo. «Hay estudios en Castelló de una sola habitación por los que se piden 600 euros. Hace cinco años por esa misma vivienda se pedían 350 ó 400 euros», añade Nomdedeu.

Las ofertas de alquiler más asequibles ‘vuelan’ en menos de un día en Castellón

De nuevo, las estadísticas muestran a las claras el salto que han dado los precios en apenas unos años. Hoy, de acuerdo con los datos del Observatorio del Alquiler, un arrendamiento medio cuesta en Castellón 676 euros, un 9% más que a finales del 2022. 

Mientras el parque de viviendas para alquiler sigue menguando, en el caso del mercado de la compraventa la tendencia ha sido la contraria. « Muchos propietarios han puesto sus pisos a la venta y hay familias que, visto el precio de los arrendamientos, han acabado comprando porque les resulta igual la cuota de la hipoteca que el alquiler», explica Ana Rubio, delegada en Castellón de Asicval, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana.

Rubio, propietaria de una inmobiliaria en Orpesa y con 30 años de experiencia en el sector, apunta que las compraventas van viento en popa (solo durante el primer trimestre las transacciones han subido un 27%) y argumenta que si no hay cambios legales la ley de vivienda seguirá sin alcanzar sus objetivos. «Los propietarios necesitan seguridad jurídica. Tienen miedo a los impagos y a los okupas y mientras eso no cambie y se les den garantías de que en caso de deudas u okupación van a poder recuperar su propiedad rápidamente la situación no cambiará», apunta. 

Los efectos de la ley son evidentes y uno de los puntos estrella de la normativa, el tope a los alquileres, en la Comunitat Valenciana ni siquiera se aplica. Solo Cataluña ha dado el paso y ha declarado zona tensionada para 140 municipios (ahora quiere ampliarlo a 271), mientras que otras 12 localidades españolas han solicitado formalmente la declaración, ninguna en Castellón. El Consell ya dejó claro que no iba a aplicar la medida y que objetivo es construir 10.000 VPO .  

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