Un regalo de Navidad. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos Ascer, Fernando Diago, se expresaba en estos términos durante su comparecencia pública para explicar la decisión de la Justicia mexicana de archivar la denuncia por dúmping contra el azulejo castellonense.

Para el presidente de Ascer, Fernando Diago, "la noticia es manifiestamente positiva" y viene a cerrar un conflicto comercial con el país azteca que se inició el 16 de mayo de 2002, cuando un grupo de cinco empresas locales pusieron la denuncia que derivó en una investigación.

Ahora, y después de una primera resolución preliminar emitida el pasado 26 de marzo de 2003, en la que se anunciaba que no se imponían cuotas compensatorias provisionales para las importaciones de baldosas procedentes de España, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) del gobierno mexicano ha anunciado que da por "concluido el proceso" de investigación, al tiempo que ratifica la ausencia de cuotas compensatorias.

DEFINITIVAMENTE En la conclusión final, el organismo encargado de discernir si la industria española estaba vendiendo sus productos por debajo de los costes de producción mexicanos determina, además, "el archivo del caso como total y definitivamente concluido".

Desde la patronal azulejera se reconoce que, jurídicamente, es posible la interposición de un recurso contra esta resolución judicial en el plazo de 15 días, si bien el secretario de Ascer, Pedro Riaza, afirma que, dada la rotundidad de la sentencia, "sería algo absolutamente inaudito que cambiara el resultado".

El máximo representante de la patronal cerámica mostró su total satisfacción por lo que calificó de "extraordinaria noticia para los azulejeros", puesto que "la cerámica española no podía permitir ninguna sombra de duda sobre su competitividad y los procedimientos que utiliza en su comercio internacional".

Con el archivo de la investigación, el sector azulejero castellonense ya ha superado cuatro denuncias por presunto dúmping. La primera la planteó Canadá, la segunda fue por la Comunidad Económica Europea, la tercera en Suráfrica y, la actual, en México, lo que supone una revalorización del prestigio de los empresarios españoles.