El PP, en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burriana, descarta redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque ello podría paralizar muchos de los proyectos que hay sobre la mesa "y eso, a nuestro entender, no es algo que le interese a la ciudad de Burriana", defendió el concejal de Urbanismo, Javier Perelló.

Este punto de vista lo comparte Unió Valenciana, en la oposición, aunque no el resto de grupos, como el PSOE y el Bloc, para los cuales el actual PGOU, de 1995, "está agotado y ya ha llegado su fecha de caducidad".

El concejal nacionalista, Josep Miquel Ros, defendió: "El anterior PGOU, con menor actividad urbanística, estuvo en vigor entre 1983 y 1995, 12 años, por lo que, si se encargara ahora su redacción, su vigencia sería muy parecida".

Además, Ros añadió: "Con el sistema actual de presentar continuos PAI no contemplados en el PGOU, es imposible planificar; el ingeniero, al que se le ha encargado un plan director sobre saneamiento, ya ha arrojado la toalla, porque no paran de presentarse viviendas, y eso no puede ser", apuntó.

Por su parte, la portavoz socialista, Iolanda Porcar, explicó: "Ya se ha llegado a la modificación número 23, aprobada para recalificar terrenos en Santa Bárbara, lo cual indica las veces que se ha revisado el documento".

Para Porcar, "el planeamiento no puede ser competencia de los promotores; se ha de planificar el modelo de ciudad y ver lo que hace falta en materia de infraestructuras, depuración de aguas o suministros".

Frente a las críticas, Perelló señaló que hay dos vías: la modificación general y las puntuales. "El PP ha optado por la segunda porque no quiere parar el pueblo, que ya ha estado durante bastante tiempo parado", indicó. Respecto a la falta de información al presentar un Programa de Actuación Integrada (PAI), Perelló dijo que "en menos de 15 días ya lo sabe todo el mundo y al propietario se le envían no menos de 13 notificaciones".

De la compra de terrenos por empresas privadas o la presentación de PAI, indicó: "Es un tema que compete a la empresa privada y comporta un riesgo, si al final se deniega el PAI".