El Claustro de la Universiatat Jaume I, reunido en sesión extraordinaria el 18 de mayo de 2012 para estudiar el Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, y adoptar un posicionamiento al respecto, ha aprobado por unanimidad el siguiente comunicado:

1. El Real decreto-ley 14/2012 conlleva el ataque más grave al sistema educativo público de todo el período democrático; un sistema que está siendo solidario con la extraordinaria situación económica que vive el país, habiendo asumido ya recortes en sueldos y recursos, aunque el estudiantado, el profesorado y el personal de administración y servicios no son responsables ni directa ni indirectamente de la crisis. Este RDL agrava los efectos negativos sobre la economía y las condiciones laborales de los trabajadores públicos que ya suponían el anterior Decreto-ley 1/2012 dela Generalitat Valenciana y el Real decreto-ley 20/2011 del Gobierno central. Desde hace muchos años, los trabajadores de este sector han luchado por conseguir una educación pública, gratuita y de calidad que, con esta norma, se pretende desmantelar. El Claustro de la UJI quiere mostrar su solidaridad con la enseñanza pública de primaria y secundaria y dar todo el apoyo a sus trabajadores y trabajadoras, y también a las familias del alumnado.

2. El Real decreto-ley 14/2012 conlleva el ataque más grave de todo el período democrático al sistema universitario público. La subida injusta de las tasas universitarias, los mecanismos arbitrarios impuestos para valorar la dedicación docente e investigadora del PDI, y el atentado intolerable a aspectos fundamentales de la autonomía universitaria, un derecho reconocido en el artículo 27 dela Constitución Española y que se vulnera por un Real decreto-ley que no ha estado ni dialogado ni negociado con las universidades públicas. Con estas medidas, un segmento muy importante del estudiantado no podrá acceder a los estudios superiores, y otros los deberán abandonar por no poder pagar las tasas. Además, la implantación del espacio europeo de educación superior quedará gravemente afectada por el aumento del tamaño de los grupos (ratio profesor/estudiante) y porque el profesorado, que ha estado haciendo un gran esfuerzo de adaptación metodológica y curricular, deberá incrementar ahora su dedicación con la consiguiente pérdida de los principales valores propugnados por el sistema europeo de educación superior.

3. La aplicación del Real decreto-ley 14/2012 conlleva el ataque más grave al proyecto de la Universitat Jaume I desde su nacimiento. Uno de los objetivos fundacionales de la UJI fue dar un servicio de educación superior de calidad a Castellón y sus comarcas. En estos años, la UJI se ha consolidado como una universidad de referencia, con una oferta de grados y másteres de primer nivel que ha permitido la internacionalización de nuestra universidad. Además, la UJI ha tenido un gran impacto económico y social en Castellón, generando riqueza, ocupación calificada y un nuevo foco cultural. Ahora, con la subida de tasas y la revisión (disminución) anunciada del mapa de títulos oficiales, un segmento importante de estudiantes no podrá matricularse o lo deberá hacer en otros estudios que los que había considerado, porque un porcentaje significativo de estudios oficiales de la UJI corren un serio peligro de desaparecer. A todo esto hay que añadir la posibilidad que abre el RDL a fusiones de universidades, la cual constituye una amenaza evidente para las más pequeñas, como la UJI, y que nos haría retroceder a la situación que se superó hace 21 años con el esfuerzo de toda la sociedad civil y la conversión del CUC en la universidad que tan beneficiosa ha resultado para nuestro territorio.

En definitiva, el Claustro de la UJI quiere alertar a la sociedad del retroceso que conlleva la aplicación del Real decreto-ley 14/2012 y de la pérdida de derechos y de oportunidades, tan necesarios en estos momentos, que puede implicar para los ciudadanos de Castellón y sus comarcas. Por todo esto, el Claustro de la UJI exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes su retirada. Asimismo quiere dar su apoyo a todas las acciones de legítima reivindicación que, de forma pacífica y conforme a la legalidad vigente, organizan diferentes colectivos contra el mencionado RDL.