El pleno municipal de Castellón aprobó ayer por unanimidad dar todas las facilidades a las familias afectadas por los casos de bebés robados para que pueda esclarecerse la investigación.
Los concejales del PP iban inicialmente a votar en contra de esta moción de Esquerra Unida pero, instantes antes de alzar el brazo, el alcalde Alfonso Bataller reunió en un breve receso a los portavoces de los cuatro grupos políticos y les comunicó el cambió del sentido de voto. Su portavoz, Miguel Ángel Mulet, lo explicó en el atril: “El PP también apoyará la moción porque lo que se pide ya se está haciendo y queremos evitar malas interpretaciones en un tema tan sensible como este”.
El texto que promovía EU compromete al Ayuntamiento a poner todo de su parte para esclarecer quién ordenó exhumar los cadáveres y los trasladó a una fosa común del viejo cementerio, además de facilitar a las familias los expedientes de traslado de los cuerpos donde deberían figurar en qué fosas comunes se hallan supuestamente los restos.
La Fiscalía de Castellón investiga tres casos de bebés robados, entre ellos el de una niña cuyo cuerpo exhumaron el pasado 3 de abril, además de un cuarto caso en manos del Juzgado de Vinaròs. El Ministerio Público ya archivó 13 expedientes más por falta de pruebas pese a apreciar indicios de irregularidades. Hay otras tres familias que han denunciado casos similares. Casi todos ellos se registraron en el Hospital Provincial entre 1945 y 1979.
El debate político sobre el asunto fue inusualmente prudente, quizá por la gravedad del asunto. Los cuatro portavoces (PP, PSPV, Bloc y EU) coincidieron en agradecer la absoluta colaboración de la empresa mixta que gestiona el antiguo cementerio y la necesidad de que un acuerdo unánime trasladara a los afectados la cercanía afectiva del consistorio.
La sesión aprobó también, pese a la abstención de la oposición, la primera modificación de créditos del presupuesto, que permitirá pagar a la empresa Dragados 262.233 euros de indemnización por el retraso en ejecutar las obras de los colectores laterales junto al cauce del río Seco. También aportará 8.000 euros a las oenegés Smara y Aniukcas para que niños saharauis y ucranianos pasen sus vacaciones en Castellón.
PSPV, Bloc y EU coincidieron en aplaudir el dinero a las oenegés pero recriminaron al ejecutivo local que en el 2007 iniciara las obras sin contar con los terrenos, lo que demoró los trabajos más allá del tope de un año estipulado en el contrato de adjudicación, con los correspondientes intereses de demora que ahora hay que pagar a Dragados. “Hasta 15 meses después de iniciarse las obras no se aprobó el expediente de expropiación, todo un ejemplo de obra mal prevista y ejecutada”, denunció Javier Peris (PSPV).
El portavoz adjunto del Partido Popular, Juan José Pérez Macián, recordó que la Unión Europea aportó 5,8 de los 7.297.204 euros que costó la obra. “La obra se inició con los plazos que fijó la UE y eso obligó a modificar el trazado de los aliviaderos, por eso se cambiaron los terrenos a otro sitio que el Ayuntamiento no tenía en ese momento”, alegó.
El pleno también rechazó una moción del PSPV para destinar un porcentaje del incremento del IBI a planes de empleo. H
