La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV encabezada por la propia presidenta del máximo órgano judicial valenciano, Pilar de la Oliva, ha seguido la senda que ya marcó en julio la Fiscalía y ha archivado la querella que presentó en junio la Asociación Valenciana contra la Corrupción contra el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y su antecesor y hoy presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
El colectivo les atribuía tres delitos --prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental-- por el hecho de que dos asesores del grupo municipal del PP contratados desde el año 2011, J.E.E.P. y M.A.C.H., trabajaran supuestamente para el partido en la sede y no para la ciudad en el Palacio consistorial.
NO HAY DELITO POSIBLE // Sostiene el auto del TSJCV que, aún en el supuesto de que fuera cierto que los dos asesores desempeñan su labor en la sede popular del Camino La Plana, eso no constituiría ningún delito ya que en las resoluciones de nombramiento de esos cargos no se especifica la ubicación ni el espacio físico de prestación de esos servicios de asesoramiento. Además, recuerda el alto tribunal valenciano, “es posible que ese personal eventual se asigne a cargos públicos, autoridades u órganos diferentes de la autoridad que los nombró”. De hecho, según remarca el auto judicial de archivo de la causa, en el consistorio también figuran auxiliares nombrados por Fabra y después por Bataller que trabajan para los grupos municipales del PSPV-PSOE, Bloc-Compromís y Esquerra Unida.
Los magistrados coinciden al milímetro con el razonamiento que dio la Fiscalía Anticorrupción para archivar la querella al recordar que la “discrecionalidad” que ampara el nombramiento de esos dos asesores por parte de Fabra y Bataller en sus respectivos mandatos como alcaldes de Castellón “ha respetado las exigencias establecidas” por la legislación en materia de publicidad y plena dedicación horaria. H
