Nos observan en el supermercado, en las estaciones de servicio, cuando sacamos dinero de un cajero, cuando accedemos a un garaje, mientras rellenamos cualquier formulario en una administración, cuando circulamos con nuestros vehículos e, incluso, cuando estamos paseando tranquilamente por la calle con la familia. La presencia de cámaras como sistema de seguridad ha ganado terreno en los últimos años. Sin temor a exagerar, se puede decir que la rutina de cualquier ciudadano en Castellón casi podría ser reconstruida revisando las cientos de cámaras de videovigilancia que se reparten por doquier. La Agencia Española de Protección de Datos tiene registrados a día de hoy 2.121 ficheros de vigilancia en la provincia de Castellón, lo que supone un 77% más que hace dos años, cuando apenas superaban los 1.100.

No es posible saber cuántas cámaras garantizan la seguridad de un edificio o protegen a un comercio de un eventual robo, porque a cada fichero pueden estar adscritos una o cien cámaras, explican desde la Agencia de Protección de Datos. Un ejemplo: unos grandes almacenes de varias plantas tendrán un buen número de cámaras, pero a efectos de registro de datos sólo se contabiliza como un fichero.

Lo que sí desvela el número de ficheros es que en Castellón hay más de 2.000 de los espacios vigilados. Los datos de la agencia revelan además que el 99% de las cámaras de seguridad de la provincia son de titularidad privada, mientras que el 1% restante son de titularidad pública, lo que demuestra también la preocupación de particulares por garantizar la seguridad de sus propiedades. Además de por un motivo de seguridad, relacionado directamente con el incremento de pequeños hurtos, la proliferación de cámaras de videovigilancia en los últimos años ha venido dado por los avances tecnológicos, que permiten controlar estos sistemas desde un simple móvil, y el abaratamiento de los equipos. De hecho, instalar un circuito de videovigilancia es sencillo, pero supone un desembolso económico importante. La media, según los datos del sector, oscila entre los 1.200 y los 1.800 euros y una cuota mensual de mantenimiento que va de los 20 a los 40 euros

La estadística nacional de la Agencia de Protección de Datos refleja también que un 23% de los ficheros de videovigilancia son de comercios, casi un 12% de instalaciones de hostelería y turismo y un 7% o de comunidades de propietarios. Le siguen, pero ya a gran distancia, los establecimientos de alimentación.

HAY LÍMITES// Lo que deben saber los ciudadanos es que estos sistemas de seguridad de videovigilancia no pueden colocarse sin más. Hay que solicitar permiso a la Agencia de Protección de Datos y avisar, mediante carteles, a los ciudadanos que se les está grabando con una cámara. H